ICBF

Por. Oswaldo Marchena Mendoza.Especial para Ola Política

Fundación integrante de consorcio que intoxicó niños en Montería, recibió contrato en ICBF para fortalecer hogares de madres comunitarias.

Madres comunitarias le dijeron off the récord a este medio que el consenso general entre ellas,  es que el objeto del contrato no se cumplió por lo menos en el 50%, y que el mismo se dirección para favorecer a un grupo político.

Nadie se explica como la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cabeza de Cristina Plazas quien lidera una cruzada contra la corrupción y nexos de políticos con operadores de la entidad, terminó otorgándole un contrato en Montería a la Fundación Campo Verde, socia en un 50% del consorcio, Mi Comidita.

Esta estuvo en el ojo del huracán porque el año pasado en una escuela de la ciudad varios niños resultaron intoxicados con raciones alimenticias servidas por estos.

El 27 de enero del 2015, el Consorcio Mi Comidita firmó el contrato de Alimentación Escolar con la alcaldía de Montería número 075 de 2015, por valor de $2.562.795.256.

El 26 de febrero del mismo año, 20 menores resultaron intoxicados en Montería al consumir sanduches de pollo en la Institución Educativa Victoria Manzur, sede Jorge Eliecer Gaitán, en el marco del Plan de Alimentación Escolar de la Alcaldía y Ministerio de Educación, operado por el consorcio Mi Comidita.

Revisando el proceso de contratación, se puede establecer que dos fundaciones se unieron para constituir el citado consorcio, La Fundación Campo Verde (50%) y la Fundación Social Para la Comunidad (50%).  

La secretaría de Educación de la época, Catalina Mariño Mendoza, prometió iniciar una investigación sobre el tema, pero sobre los resultados de la misma nunca se dijo nada.

Este medio pudo comprobar que al laboratorio de salud departamental nunca llegaron las muestras de alimentos para el respectivo estudio.

A la directora del ICBF Cristina Plazas, se le preguntó por acciones para investigar dicho consorcio y siempre respondió que el mismo estaba vinculado con el PAE,  programa que depende del Ministerio de Educación.

Algo que no estaba en el presupuesto era que Campo Verde, integrante de Mi Comidita resultara premiada con un nuevo  contrato en el ICBF.

El pasado 16 de octubre, se firmó en Bogotá, el contrato de aportes 1514 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Campo Verde, la misma entidad dueña del 50% del consorcio Mi Comidita, responsable de la intoxicación de 20 niños en Montería.

Por parte del ICBF firmó la subdirectora general Margarita Barraquer Sourdis y por la citada Fundación, Gerardo Reina.  Para la ejecución del contrató el ICBF aportó $1.192.304.000.

Sobre el contrato surgen varios interrogantes, si el objeto del mismo se debía ejecutar en Montería, ¿Por qué se firmó en Bogotá? además, muchas madres comunitarias al ser indagadas  consideran que teniendo en cuenta que se firmó el 16 de octubre, y qué el plazo de ejecución se cumplía el 31 de diciembre los tiempos no alcanzaban para desarrollar el objeto del mismo, como era el de fortalecer el esquema operativo de 400 hogares comunitarios en municipios de Córdoba.

Además el objeto del contrato indicaba que el contratista, en este caso Campo Verde debía realizar acciones encaminadas al mejoramiento y calidad de 6 componentes de la atención familiar, referidos a familia, comunidad y redes sociales; salud y nutrición; proceso pedagógico; talento humano; ambientes educativos y protectores y administración y gestión.

En el papel se leen buenas intenciones, el interrogante es ¿pudieron desarrollar todos esos propósitos durante dos meses y unos cuantos días  en 400 hogares comunitarios de diferentes municipios de Córdoba?

Madres comunitarias  dijeron off the récord a este medio que el consenso general entre las mismas, es que el objeto del contrato no se cumplió por lo menos en el 50%, y que el mismo se direccionó para favorecer a un grupo político.

Era imposible que atendieran 400 hogares en menos de dos meses, porque después de firmado el contrato,  hubo un tiempo para la legalización del mismo, y además los hogares de madres comunitarias laboraron hasta la primera semana de diciembre, lo cual quiere decir que Campo Verde tuvo escasos 45 días para cumplir con el complejo objeto del millonario contrato.

Otro aspecto que ha ubicado los reflectores de la opinión pública en Córdoba sobre el citado contrato, tiene que ver con la experiencia de la Fundación Campo Verde en primera infancia, una cosa es servir raciones alimenticias de mala calidad, como las que entregó dentro del Plan de Alimentación Escolar de la Alcaldía de Montería en colegios de la ciudad y otra cosa es participar en proyectos relacionados con la primera infancia, actividad que en Montería no se le conoce.

Finalmente y aunque la Fundación Campo Verde no debía cumplir ese requisito para contratar con el ICBF en el 2015, resulta extraño que tras haber manejado un proyecto de gran importancia para el fortalecimiento de los hogares de madres comunitarias en Córdoba, la misma se presentó a la convocatoria del Banco de Oferentes del instituto para operar programas de primera infancia  durante  el 2016, y sin embargo no quedaron habilitados en dicho banco. Este contrato rompe ese paradigma instalado por la actual dirección nacional del ICBF, que afirma defender con ahínco los recursos de los niños.