El suministro de energía en el Caribe colombiano sigue siendo un problema persistente para los usuarios, quienes han tenido que soportar por décadas tarifas elevadas e impagables. Aunque la salida de Electricaribe y la llegada de Air-e y Afinia prometían una solución, la situación sigue siendo crítica. Esta semana, Air-e informó al Gobierno Nacional de una grave crisis financiera, con una deuda de $1.7 billones y cuentas por cobrar de $1.8 billones, vinculadas a la facturación del servicio, la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.
El principal problema radica en el aumento abrupto del costo de la energía por parte de los generadores, que pasó de 120 pesos/kW a 720 pesos/kW en pocos meses. Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e, advirtió que la empresa solo puede operar unos días más bajo estas condiciones, y denunció que los generadores han inflado las facturas mientras obtienen enormes ganancias.
Ante esto, Air-e solicitó al gobierno intervenir para garantizar el suministro eléctrico en los tres departamentos que opera, además de denunciar la explotación por parte de los generadores. El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, confirmó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha dado su visto bueno para intervenir Air-e, y aseguró que el gobierno no permitirá que el mercado continúe afectando los derechos de los usuarios.
Air-e espera que el gobierno regule los precios de los generadores y adopte medidas que garanticen un servicio de energía asequible y de calidad. Mientras tanto, Carlos Diago, el interventor asignado, explicó que se utilizarán recursos del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para mitigar la crisis financiera.
El pasado martes, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, anunció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas emitió un concepto favorable para la intervención de Air-e. “Es responsabilidad de este Gobierno garantizar la prestación del servicio, y no permitiremos que el mercado se apropie de los derechos de la gente”, afirmó.
Air-e, por su parte, señaló que, con el apoyo del Gobierno Nacional, esperan que se regulen los precios establecidos por los generadores de energía y se ajusten a tarifas justas que permitan a los usuarios cumplir con sus pagos. Asimismo, confían en que el Estado implementará medidas para garantizar un servicio de energía asequible y de calidad.
Carlos Diago, el interventor designado, explicó que se recurrirá al fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para hacer frente a las deudas y la crisis financiera que enfrenta Air-e, con el objetivo de mantener la prestación del servicio. En una entrevista con Blu Radio, Diago afirmó que se están gestionando los trámites para el desembolso de subsidios importantes que permitan sostener las operaciones hasta fin de mes. Sin embargo, la CREG deberá determinar cuánto dinero necesitará Air-e para seguir funcionando en emergencia, con el fin de no agotar los recursos de la Superservicios.
Mientras se desarrolla el proceso de intervención y vigilancia, el servicio de energía continuará sin interrupciones para los usuarios. Según Diago, no se prevén cortes ni afectaciones en el suministro, ya que el objetivo principal es mantener la estabilidad del servicio mientras se abordan los problemas financieros.
Afinia, empresa que opera en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte de Magdalena, enfrenta una situación similar. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, propuso convocar una cumbre extraordinaria con los alcaldes del Caribe para analizar la crisis, plantear soluciones y tranquilizar a las comunidades ante el riesgo de afectación en el suministro de energía.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también se pronunció, indicando que su administración está dispuesta a vender el 100% de la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Afinia al Gobierno, tras las dificultades financieras de Air-e. Gutiérrez expresó su preocupación por la posibilidad de que Afinia enfrente el mismo destino que su competidora y lamentó la decisión de EPM de ingresar al mercado energético en la costa, calificándola como un error histórico.
Antes de la llegada de Air-e y Afinia, Electricaribe era la empresa encargada de proveer energía en toda la región. Fundada en 1998, la compañía entró en operación para resolver una crisis energética que había comenzado en 1992. Sin embargo, en 2020, Electricaribe fue liquidada debido a una serie de problemas financieros y operativos similares a los que actualmente enfrenta Air-e, como deudas, deficiencias en las redes y robo de energía. En su último año de operación, Electricaribe registraba un déficit de $1,4 billones anuales, y para continuar operando se estimaba que necesitaría $7,1 billones adicionales en los siguientes diez años.
La liquidación de Electricaribe dejó al gobierno a cargo de la prestación del servicio de energía en la región durante dos años, financiado por recursos públicos. Para aliviar la crisis, en 2019 se impuso una sobretasa transitoria en las tarifas de energía para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como para los sectores comerciales e industriales. Esta medida, implementada durante el gobierno de Iván Duque, permitió la continuidad del servicio, aunque con un incremento moderado en las tarifas.
En resumen, se aplicó un aumento en las tarifas de energía de $4 por kilovatio consumido para los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como para los sectores comerciales, industriales y no regulados en Colombia. No obstante, se estimó que este ajuste tendría un impacto mensual moderado, alrededor de $1.000 en las facturas de los usuarios. La superintendente de Servicios Públicos de ese momento, Natasha Avendaño, indicó que, con base en los consumos de 2018, los incrementos promedio en las facturas fueron de $680 para el estrato 4, $800 para el estrato 5 y $1.100 para el estrato 6.
A pesar de estas medidas, el 30 de septiembre de 2020 Electricaribe dejó de existir, y la operación en la costa Caribe fue asumida por dos nuevas compañías: Afinia, que opera en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte de Magdalena, y Air-e, responsable del servicio en Atlántico, La Guajira y el resto de Magdalena. Sin embargo, solo cinco años después, la situación parece repetirse. La sombra de Electricaribe vuelve a aparecer, no solo para los habitantes de la costa, sino para todos los colombianos. El gobierno, a través de la Superservicios como agente interventor de Air-e, tiene la tarea de encontrar una solución a este persistente problema que afecta a más de 10 millones de personas con un servicio de energía deficiente y cuestionado.