A Leonor Palencia Vega, ganadora de una de las curules para las víctimas, le han tratado de borrar y ocultar su rostro de víctima para deslegitimizar su victoria en las urnas. Como si en el pasado, la aplanadora de la guerra no hubiera pasado sobre su familia.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
@marchenojob
Algunos sectores están alimentando los odios en el sur de Córdoba, porque un líder de esa convulsionada región no alcanzó una de las curules especiales de paz o de las víctimas del conflicto. Señalar y acusar sin pruebas, no es recomendable en una zona que está tratando de cerrar el capítulo sórdido de la violencia.
A Leonor Palencia Vega, ganadora de una de las curules para las víctimas a nombre de la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó (Asomuvij), le han tratado de borrar y ocultar su rostro de víctima para deslegitimizar su victoria en las urnas. Como si en el pasado, la aplanadora de la guerra no hubiera pasado sobre su familia.
Integrantes de una de las organizaciones que no alcanzaron esa curul de paz, condenan a Leonor por ser prima del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez; ¿Es un pecado ser familiar del mandatario departamental? Por esas cosas extrañas de la vida, a Benítez Mora, lo señalaron en su época de candidato a la Gobernación de ser un simpatizante de la guerrilla, solo porque acompañaba las marchas que clamaban por la paz, y ahora por orientar acciones dirigidas a garantizar el orden en esa zona del departamento, atendiendo una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, entonces lo sindican de estigmatizar a sectores de esa región.
No habían pasado dos horas después de conocerse los resultados electorales del pasado domingo, cuando ya algunos comenzaron a cobrarle en las redes sociales al gobernador, Orlando Benítez, porque el partido Liberal no cumplió su propósito de alcanzar dos curules en la Cámara de Representantes. Se equivocaron quienes pensaron que Benítez seguiría los pasos de un exgobernador que exprimió los recursos públicos del ente departamental para lograr la máxima votación de su prima, aspirante entonces a la Cámara de Representantes. Hoy todos conocen la historia de ese exgobernador. No creo que Benítez arriesgue su popularidad y malgaste los ahorros de moral que tiene en su cuenta a cambio de aventuras políticas.
Es normal que después de todo proceso electoral se presenten inconformismos y reclamos, y el deber de las autoridades electorales es el de resolver esas dudas y atender las respectivas reclamaciones. Todo lo expuesto por un grupo en el sur de Córdoba sobre presunto fraude y compra de votos debe estar soportado con pruebas y tramitado ante el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto hay que evitar seguir minando de odio el sur de Córdoba.
Garantías para todos.
En ese mismo sentido se le deben garantizar el debido proceso al líder social Arnobi de Jesús Zapata Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Zona de Reserva Campesina, Anzorc y coordinador de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, Ascsucor, procesado por el juzgado tercero penal del Circuito-Montería, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Antes todo, debe primar la presunción de inocencia.
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.
Antes de las elecciones del pasado domingo la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de violencia electoral en 7 municipios de Córdoba y pidió tomar medidas preventivas. La entidad emitió una alerta temprana con relación al alto riesgo de violencia electoral en Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Montería y Sahagún.
La Defensoría, además indicó entonces que el mayor riesgo para el ejercicio democrático en esas zonas del país lo representan los grupos al margen de la ley que actualmente operan en ese territorio y podrían incidir en las elecciones.
En ese sentido y después de la citada alerta temprana el discurso del gobernador de Córdoba estuvo sintonizado con esa advertencia de la Defensoría. Siempre se habló de sectores violentos, y nunca se señaló a organización alguna.
No hay términos oprobiosos en el discurso del gobernador de Córdoba, contra quienes participaron de forma legal en el proceso electoral del pasado domingo.