La Corte Constitucional ordenó, en el caso de Loma Grande, que se persista en la búsqueda de alternativas serias a la disposición de residuos, a partir de estudios técnicos serios y no de simples afirmaciones sobre la inexistencia de las mismas.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
En Twitter: @marchenojob
Un fallo de tutela de la Corte Constitucional que ordena mitigar el impacto ambiental del relleno sanitario Loma Grande, expone en sus considerandos una serie de motivos que permiten concluir que la ruta seguida por el operador Servigenerales y las autoridades ambientales, sobre todo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para extender la vida útil del relleno, no ha sido la más acertada.
También por estos días está en el foco de la opinión pública el desastre ambiental en el manejo del relleno sanitario Doña Juana en Bogotá, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por contaminación y daño ambiental en dicho relleno, tras encontrar irregularidades luego de una visita técnica al lugar.
Las labores que adelanta el ente acusador se iniciaron con la presencia en el sitio de un fiscal y un equipo de peritos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), y expertos en delitos ambientales, con el fin de recolectar muestras y elementos materiales probatorios. Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), inició un proceso sancionatorio contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), entidades encargadas de la administración del basurero.
Es oportuno informar que en una visita técnica al relleno, la CAR encontró que hay vulneraciones de tipo ambiental, establecidas en el artículo 18 de la resolución 1351 de 2014, en el que las entidades se comprometen a desarrollar programas para el manejo ambiental adecuado y eficiente de Doña Juana.
Lo cierto es que de Doña Juana a Loma Grande hay muchos elementos que coinciden; las mismas irregularidades e idéntico daño ambiental, pero guardando las proporciones debido a que el primero, por su mayor tamaño y cobertura, afecta a más habitantes, pero al final es el mismo desastre ambiental e iguales afectaciones a la salud a las personas que habitan cerca a los citados rellenos.
Eso sí, hay una diferencia grande. Mientras en Doña Juana se nota la presencia y accionar de las autoridades, en Loma Grande, el grito desesperado de campesinos y labriegos afectados se ahoga en los diferentes escenarios donde han intentado cambiar la suerte de sus vidas, atrapadas por la contaminación del relleno. Ahora la Corte Constitucional intenta darle un alivio a los habitantes de la mencionada vereda.
La Acción de Tutela y el fallo.
Es oportuno informar que la Acción de Tutela fue presentada por el Club Montería Jaraguay Golf, el Cabildo Indígena Jaraguay, y otros, contra la Nación, Ministerio del Interior, la ANLA, la CVS y Servigenerales S.A E.S.P.
Según los accionantes, las entidades y empresas accionadas desconocieron un amplio conjunto de sus derechos fundamentales durante el trámite de licenciamiento ambiental relativo a las obras de ampliación del relleno sanitario Loma Grande, ubicado en el Kilómetro 8 en la vía que conduce de Montería a Planeta Rica, el cual recibe los residuos sólidos de 17 municipios del Departamento.
Según los demandantes, el proceso de ampliación del relleno se adelantó “en la penumbra”, pues no existió un espacio de participación de las comunidades aledañas afectadas por el relleno. Solo hasta el 9 de mayo de 2014 Servigenerales invitó al señor Félix Delgado como Presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, a una reunión cuya invitación fue rechazada por la comunidad por no tratarse de un espacio participativo.
Derechos presuntamente vulnerados.
Los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la salud, el ambiente sano, la dignidad humana, el agua potable, la consulta previa, la participación en materia ambiental, el reconocimiento de la identidad indígena y la distribución equitativa de cargas y beneficios, todo lo anterior, en conexidad con la salud y la vida.
Estos afirman que como habitantes del sector donde se encuentra el relleno Loma Grande han sufrido diversas afectaciones a sus derechos fundamentales. Consideran que en el trámite de licenciamiento ambiental para su ampliación se desconoció el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad indígena Jaraguay, y el derecho a la participación ambiental de los pobladores y el club de golf, señalan que la filtración de lixiviados en aguas subterráneas y el vertimiento del mismo en canales superficiales de recolección del drenaje de lluvias dirigidas al arroyo Loma Grande imposibilitan el empleo de agua para el consumo humano y agrícola.
Consideran que la generación de olores ofensivos por la disposición final de las basuras, sumado a la presencia de aves carroñeras, roedores y plagas, atentan contra su derecho a la salud y a la vida.
¿Qué dice la Corte Constitucional?
Entre muchos aspectos, la CC sostuvo que “contrario a lo afirmado por Servigenerales y la Alcaldía de Montería, existe evidencia de problemas asociados con los materiales utilizados para el aislamiento de lixiviados, los pondajes para el tratamiento de los residuos, la infraestructura de la planta, la altura de los distintos niveles del relleno, el aislamiento de aguas lluvias, y la eventual filtración de lixiviados (Resoluciones de la ANLA 0252 de 2015 y 0569 de 2015).
Estos problemas fueron discutidos por Servigenerales en recurso de reposición y, si bien la ANLA accedió a modificar parcialmente los términos de licencia, mantuvo un amplio conjunto de consideraciones críticas en torno al funcionamiento del relleno Loma Grande, al tiempo que Servigenerales advierte que no todas las obras de adecuación pueden realizarse en los términos previstos por la ANLA.
En este contexto, la Corte Constitucional estimó necesario que las entidades territoriales concurran, en el marco de sus competencias, a la adecuación del relleno de Loma Grande, que la CVS y la ANLA ejerzan una labor de vigilancia sobre el cumplimiento estricto de las condiciones impuestas en la resolución que autoriza la ampliación del relleno, y que se persista en la búsqueda de alternativas serias a la disposición de residuos, a partir de estudios técnicos y no de simples afirmaciones sobre la inexistencia de estas, y especialmente que se establezca un espacio de diálogo constante que, a partir de la integración del conocimiento técnico y del conocimiento local, se implementen medidas de mitigación de impactos socio ambientales, compensación de cargas y beneficios, y reparación de los impactos nocivos que el funcionamiento del relleno cause en la vereda Loma Grande.
Por lo anterior, la CC ordenó la creación de una mesa de trabajo entre Servigenerales, la Alcaldía de Montería y la ANLA, en la que se defina un espacio de participación adecuado para todos los pobladores de Loma Grande, entre ellos la comunidad indígena Jaraguay que habita el lugar, los campesinos, los socios del club, trabajadores y demás personas que se consideren afectadas.
Los habitantes cercanos a Doña Juana alzaron la voz y las autoridades ambientales están actuando. Esperemos que suceda lo mismo en la vereda Loma Grande.