A través de un Proyecto de Ley se eliminaría el sufrimiento y maltrato de los toros durante las corridas. Los concejos municipales podrán decidir si dan continuidad a la tradición taurina, bajo los nuevos requerimientos que no permiten inversión de recursos públicos.
Las tradicionales corridas de toros tienen sus días contados en Colombia tras la radicación del Proyecto de Ley 164 de 2016, radicado por el senador Carlos Fernando Galán, quien estuvo acompañado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
El documento que deberá tener trámite en el Congreso de la República, fue definido como “el primer paso para acabar con las corridas de toros”. El Proyecto contempla la modificación del Estatuto Nacional de Protección Animal (Ley 84 de 1989), que en su artículo 7º exime el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.
“Este Proyecto de Ley busca restablecer un equilibrio entre dos protecciones constitucionales: la protección del medio ambiente y la fauna, y la protección a las actividades culturales; hoy día la normatividad colombiana tiene un desequilibrio, porque se protege la actividad cultural en detrimento de la protección del medio ambiente”, aseguró el senador Carlos Fernando Galán.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, resaltó que el documento es un mensaje de apoyo a las inmensas mayorías que están en desacuerdo con las fiestas taurinas en el país. “Esto es indispensable para que las nuevas generaciones sientan que sus principios son escuchados por las instituciones de su democracia”, dijo el burgomaestre.
El Proyecto de Ley faculta a los concejos municipales para que decidan, por medio de audiencias públicas, si continúan o no con las tradiciones taurinas en las que ya no sería permitido el maltrato de los toros.
Así mismo, la norma prohibiría expresamente el uso de recursos públicos en la realización de espectáculos taurinos o actividades relacionadas con los mismos. Tampoco se permitiría el uso de recursos públicos para la construcción de instalaciones destinadas al toreo.