Cuando la Sal se Pudre No hay Nada que Hacer

Por Eder Blanco Bohórquez

La corrupción sigue siendo uno de los principales flagelos de nuestro país, cuyas actuaciones ocurren de manera continua, sistémica y con el pasar de los días más sofisticada, sin que sus autores y cómplices les suceda absolutamente nada y todo quede en la impunidad; lo doloroso de este nuevo episodio de corrupción que salpica a la administración de justicia radica en quienes por mandato legal  están obligados a sancionar este tipo de conductas, resultan siendo los principales artífices de las mismas.

 Luego de conocerse, a través de un medio de comunicación nacional la noticia sobre el hurto de más de 200 millones de pesos depositados en el Banco Agrario perteneciente a la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano en el departamento de Córdoba, de la cuenta No. 234662042002, correspondiente a títulos judiciales de procesos que se llevan a cabo en ese despacho; el ente investigador, en este caso la Fiscalía, inició las pesquisas del asunto con el fin de establecer y determinar responsabilidades penales de quienes estarían involucrados en estos hechos, teniendo en cuenta, como lo informó el medio de comunicación, que es la segunda vez que se registra este tipo de situaciones.

En este nuevo capítulo deshonroso para la administración de justicia apenas comienza y se espera, que quienes cometieron estas conductas, respondan ante las autoridades y sobre ellos caigan las sanciones adecuadas establecidas en la ley.

En lo referente a este suceso de corrupción valga mencionar uno de los tantos procesos en donde presuntamente se reclamaban títulos judiciales de manera fraudulenta. Entrando en detalle se trata del Proceso Ejecutivo con Radicado Número 2011-00146, un expediente que consta de 363 folios, correspondiente a un proceso judicial de índole ejecutivo en contra del municipio de Montelibano, por medio del cual se ha cobrado al erario público un total de $313.283.616 por parte del demandante a fecha de 14 de septiembre de 2020, como consta en los folios número 361 y 362 del expediente; sumado a la cifra anterior, un título judicial por valor de $123.902.800 cobrado por el apoderado judicial (abogado), en representación y defensa de los interés del municipio de Montelibano; en donde el señor Juez Segundo Promiscuo Municipal de Montelíbano – Córdoba, mediante auto fechado el 02 de abril de 2018 ordena la entrega del título de depósito judicial No. 34436 y este es reclamado el 05 de abril de 2018, conforme al folio número 270 del reseñado expediente.

Lo que empieza a llamar la atención y me preguntaba, inquieto de todo esto, del reseñado expediente, es el folio número 270, en el que se reclamó dicho título judicial de $123.902.800; necesitaba saber si ese dinero que legalmente debería retornar al erario del municipio de Montelibano, había sido devuelto.  Ante esa inquietud, el día 11 marzo del año en curso por medio de derecho de petición dirigido al señor alcalde solicité los certificados de consignación bancarios o en su defecto el acta, resolución o documento que demuestre o exprese claramente el reembolso de ese dinero a las arcas del municipio, pero a la fecha no se ha emitido respuesta alguna al derecho de petición para establecer si devolvieron el dinero o no a la municipalidad.

Ahora bien, lo que no está en el ojo del huracán en esto momentos son los títulos judiciales cobrados en el Banco Agrario que reposan en el expediente, pues para ellos habrá un capítulo especial por separado de manera minuciosa; lo que interesa en estos momentos y debe llamar la atención de los órganos y autoridades de control son los títulos judiciales cobrados ilegalmente que no aparecen en el expediente del Proceso Ejecutivo con Radicado Número 2011-00146, los cuales suman aproximadamente 49.000.000 pesos de manera presunta y puede ser más; para mencionar algunos de estos títulos judiciales creados de manera fraudulenta y sofisticada identificados con los números: 32516, 33153, 33463, 34391, entre otros; y se reitera, no aparece en el expediente ninguna providencia judicial validando o legalizando estos títulos judiciales cobrados en el Banco Agrario por parte del funcionario del Juzgado y del apoderado judicial en defensa de los intereses de la alcaldía municipal; dinero de todos los habitantes del municipio perteneciente al erario público.

Preguntas:

¿Tenía conocimiento el alcalde de Montelíbano y el Juez, como representante y titular del Juzgado, sobre el cobro de esos títulos judiciales por parte de su abogado y del funcionario del juzgado, respectivamente; y porque dichos títulos no obran en el expediente al igual que los demás?

¿Se llegará a conocer por parte de los organismos de control del estado el valor real del detrimento patrimonial ocasionado al erario del municipio de Montelíbano (Córdoba), en ocasión al expediente del proceso ejecutivo 2011-00146 y de otros procesos judiciales?

Adenda: No todo está perdido aún queda sal refinada y de buena calidad.

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