Supersalud insiste que si la EPS vuelve a sus antiguos administradores, se pone en riesgo la salud de 210 mil afiliados.
La Superintendencia Nacional de Salud informó que fue notificada del fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba mediante el cual se le ordena a la entidad dejar sin valor y efecto la resolución mediante la cual se decretó la liquidación de Manexka y devolver a la misma todos los negocios, bienes y haberes; así como trasladar nuevamente a los usuarios que fueron reasignados a otras EPS tras el proceso de liquidación.
Frente a la decisión, el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, radicó escrito ante el tribunal solicitando instrucciones precisas para poder revertir el proceso sin poner en riesgo la vida de los usuarios.
“Manexka entró en liquidación porque se evidenciaron graves fallas en la atención a la población y la pérdida de los recursos de la salud. Tomamos entonces la decisión de retirar a esa población en riesgo y ahora el tribunal me dice que debo reintegrarlos. ¿Cómo lo hago sin arriesgar ni una sola vida sabiendo que los tengo que dejar nuevamente en manos de una aseguradora deficiente y disfuncional?, en ese sentido, es que le pido a los honorables magistrados me den las respectivas instrucciones”, afirmó Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud.
El funcionario además alertó que dado el proceso de liquidación, en este momento Manexka no funciona y no está en condiciones de recibir a la población.
“Ordenamos su liquidación, eso significa que no está operando como aseguradora, si yo le reintegro los afiliados en el término que me da el tribunal que es de cinco días, pues esa población quedará sin atención porque no cuentan en este momento con sistemas de información y menos con una red conformada para garantizar la prestación de los servicios”, agregó Muñoz.
La entidad también informó que ha tramitado una solicitud de revisión ante la Corte Constitucional para que se pronuncie de fondo sobre esta decisión.
“Nos preocupa que en este caso se privilegiaron otros intereses por encima de lo expuesto por esta entidad como los elevados índices de mortalidad materna, infantil, altas tasas de enfermedades controlables y prevenibles en menores, la ausencia de vacunación, el volumen de represamiento en atención a pacientes crónicos, entre otros; todo documentado y probado ante el juzgado y el tribunal que actuaron en este caso”.