Contraloría le pone la lupa a Cerro Matoso

La compañía señaló “no estar de acuerdo” con el ente de control.

La Contraloría emitió un concepto de “incumplimiento material adverso” al auditar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-733 de 2017 por parte de la Corte Constitucional alrededor del proyecto minero de Cerro Matoso, en Montelíbano, Córdoba.

El fallo de la Corte ampara los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un ambiente sano de las comunidades étnicas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
No obstante, el ente de control fiscal, al revisar el cumplimiento de dicha providencia, formuló 17 hallazgos administrativos, 15 de ellos con posible connotación disciplinaria y uno de carácter penal, que  fueron traslados a las instancias correspondientes.

La Contraloría evaluó las gestiones al respecto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS.

En la auditoría se encontraron “debilidades en el cumplimiento las normativas aplicables en materia del derecho de consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades étnicas, tanto para el desarrollo de la actividad minera, como para el trámite de permisos ambientales y la gestión ambiental relacionada con la actividad minera”.

Así mismo, situaciones de incumplimiento en el régimen ambiental al permitirse la construcción y operación del gasoducto Jobo Tablón – Cerro Matoso S.A. sin permiso o licencia ambiental desde hace más de 30 años y el incumplimiento de los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 para la evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental.

También debilidades en el cumplimiento del ordinal décimo primero de la sentencia, referido a la necesidad de regular de manera específica, clara y suficiente los valores límite de concentración para el agua y el aire respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel, así como la definición de los criterios de calidad para el uso de las aguas superficiales, subterráneas y marinas.

Otro hallazgo fue el de “debilidades en el cumplimiento de normativas sobre trámite de procesos administrativos sancionatorios, imposición de multas y sanciones, gestión del recurso hídrico, monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, gestión contractual y administración de expedientes digitales”.  

La Contraloría puso de presente además que no se registran evidencias que confirmen la imposición de medidas preventivas por parte de la CVS por los daños generados en desarrollo de actividades de minería, por las infracciones ambientales ocasionados en el área de influencia del Proyecto Minero Cerro Matoso S.A.

Esto a pesar de que la sentencia ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) que, de manera coordinada y con base en las consideraciones del fallo, adopten los ajustes administrativos necesarios para la realización de un control ambiental estricto y efectivo sobre las actividades extractivas de la empresa Cerro Matoso S.A.

La respuesta de Cerro Matoso

Luego de conocerse el documento de la Contralogía General de la Nación, Cerro Matoso señaló que “han operado por cuatro décadas en el marco de la Ley, las normas ambientales vigentes y de acuerdo con los instrumentos aprobados por las autoridades competentes”. La compañía agregó que han modificado sus controles ambientales, en los casos necesarios y que “toda esa gestión ha sido reportada de forma oportuna y transparente”.

“Lo anterior, está respaldado, entre otros, por el otorgamiento por parte de la Anla de una nueva licencia ambiental para la operación de Cerro Matoso el pasado mes de febrero, en respuesta a la orden de la Corte Constitucional en la Sentencia y que está alineada con los acuerdos de consulta previa y procesos de socialización y participación que la Compañía llevó a cabo con 15 comunidades”, dijo la compañía en un comunicado.

Esta licencia, según explica Cerro Matoso, contempla la totalidad de la actividad minero-industrial de la firma “incluyendo la operación del gasoducto Jobo-Tablón”.

“Cerro Matoso reitera el compromiso con el desarrollo social, ambiental y económico que ha asumido y mantenido la Compañía desde el inicio de su operación en la región del Alto San Jorge, el departamento de Córdoba y del país”, dijo la compañía.

Ante esto, la empresa precisó que “no comparte las conclusiones de la auditoría de la Contraloría, ya que no toma en consideración entre otros, la nueva licencia ambiental ni el Auto emitido en noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”. Esta autoridad concluyó que las órdenes “han sido cumplidas en su totalidad” y que, para aquellas de cumplimiento permanente en el tiempo, si bien también se han venido cumpliendo a cabalidad, “se continuará haciendo verificación de estas”.

Tomado de: Elheraldo.co

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