La Contraloría General de la República, por medio de un Estudio Sectorial, señaló una serie de posibles riesgos fiscales y deficiencias en el papel del ICBF en la garantía de las condiciones laborales de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios a casi 500.000 niños menores de 5 años.
De acuerdo con la investigación que adelantó el ente de control, se evidenció, que no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios, y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales.
Así mismo señaló que en el proceso de verificación de la eficacia de la gestión del ICBF, se evidenciaron inconsistencias en la información suministrada por el Instituto frente a la ejecución presupuestal en la modalidad comunitaria en las vigencias 2016 a 2022, superiores a los $40 billones de pesos.
Esta situación pone de manifiesto la posible materialización de riesgos que pueden conllevar a pérdidas en el recurso público, toda vez que la entidad no tiene certeza de los recursos ejecutados en el programa.
Las diferencias existentes entre la información suministrada por el ICBF, frente a los datos del sistema de seguimiento a proyectos de inversión SPI, ascienden a una suma superior a los $9 billones de pesos.
El estudio sectorial concluyó que la mayoría de las madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad de atención a la primera infancia, a través de operadores, esperan tener una mejora en sus condiciones laborales.
De acuerdo con 1.755 encuestas realizadas a madres y padres comunitarios, algunos de los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan a la Contratación directa a través del ICBF, Reconocimiento del Bono Pensional de Vejez, para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión, Aumento salarial, ya que en la actualidad devengan 1 salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia, y pago de horas extras, Dotación de uso personal y para el hogar comunitario, Mejoramiento y optimización de la infraestructura física de hogares comunitarios, entre otros.
Frente a los anuncios del Gobierno Nacional, respecto de procesos de normalización de la vinculación laboral de madres y padres comunitarios en la planta del ICBF, materializados en los Artículo 137 y 139 del PND 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, la Contraloría hizo un llamado de atención para que el ICBF adelante los estudios técnicos y financieros pertinentes que conlleven a la determinación del impacto fiscal de los procesos de formalización progresiva y gradual de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria.
De igual manera, solicitó se adelanten los estudios que determinen el impacto fiscal de los subsidios de subsistencia para ex madres y padres comunitarios y sustitutos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.