La masiva presencia de ciudadanos venezolanos indocumentados y las denuncias de posibles desplazamientos de campesinos en el sur del departamento fueron los temas de análisis durante un consejo de seguridad desarrollado este martes en la Gobernación de Córdoba. El secretario del Interior y Participación Comunitaria Juan José González, presidió la reunión de las autoridades departamentales, donde se diseñaron estrategias de presencia de uniformados para reducir niveles de riesgo en estas dos problemáticas.
En referencia a la llegada de venezolanos que ingresan a Colombia, se indicó que en Córdoba existe un censo que ha hecho seguimiento permanente desde hacen tres años. Es así como en el año 2015 se contabilizaron 724; en 2016 fueron censados 981 y en lo corrido de 2017 un total de 1.705.
El mayor número de ciudadanos de ese país se encuentran en Montería con 1.032 y el resto del departamento con 673.
En cuanto a las informaciones de prensa que señalan la presencia de mujeres venezolanas ejerciendo la prostitución en el departamento, se verificó que el censo real realizado por la Policía es de 20, las cuales no tienen residencia fija en ningún municipio y que por el contrario pernoctan temporalmente en las poblaciones. Así mismo se indicó que, al menos, 700 extranjeros residentes en Córdoba han sido sometidos al proceso de legalización colombo-venezolana, por razones de consanguinidad, conyugue o afinidad con nuestro país.
Se acordó que en los próximos días se desarrollará una jornada de trabajo interinstitucional que contará con la exposición de temas relacionados con esta problemática, con la presencia de delegados de Migración Colombia. Los miembros del Consejo de Seguridad señalaron, igualmente, que se desarrollan planes relacionados con la presencia de uniformados para evitar que estos extranjeros estén expuestos al crimen organizado, prostitución y explotación laboral.
Referente al posible desplazamiento de campesinos en algunas poblaciones del sur de Córdoba, durante el Consejo de Seguridad se indicó que no existe denuncia formal de un caso específico. Sin embargo, tropas del Ejército mantienen el monitoreo permanente, especialmente en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia, donde, por acción de grupos ilegales, existe la amenaza de intimidación a la población.