El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró la decisión de la Honorable Corte Constitucional que le dio “luz verde» a la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este fallo representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de quienes protegen la naturaleza.
“Es una excelente noticia ad portas de la COP16, la decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al Acuerdo de Escazú. ¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida», afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
La ministra agregó que “esto genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y también, obviamente, una mayor democracia para el país».
Asimismo, manifestó que la aprobación del Acuerdo es un reconocimiento a todas las organizaciones ambientales y ciudadanías que por varios años se movilizaron para que hoy sea una realidad.
“Con el Acuerdo de Escazú, Colombia se vuelve corresponsable con otros estados que ya ratificaron el acuerdo en América Latina y por lo tanto rendiremos cuentas ante el mundo sobre la democracia ambiental en el país», sostuvo.
La decisión de la Corte Constitucional, que se dio en el marco del control constitucional de la Ley 2273 de 2022, es coherente con la sólida línea jurisprudencial en materia de derechos humanos que ha caracterizado a la Corte.
Este aval se da tras dos años de su ratificación en el Congreso de la República gracias al trabajo del Gobierno del Cambio. Con Escazú se fortalece la estructura del Estado colombiano para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, aspectos esenciales para la gestión sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.