Desde el puente de Boyacá, donde se realizó la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Boyacá y al aniversario número 214 del Ejército Nacional, el comandante del Ejército, Emilio Cardozo, se refirió al envío de los involucrados en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres a guarniciones militares.
Al ser consultado sobre el tema por un periodista de Semana, el general Cardozo manifestó su desacuerdo con un contundente “No”.
La defensa de Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como la Fiscalía General de la Nación le solicitaron al juez ese espacio para que queden privados de la libertad por medidas de seguridad.
De acuerdo con la fiscal designada, María Cristina Castaño, “han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal, en razón que han decidido colaborar con la administración de justicia”.
La fiscal delegada del caso tanto López, Pinilla y El Pastuso son considerados como “un peligro para la comunidad”, por lo que solicitó al juez medida cautelar para los acusados.
Igualmente, recordó que se enfrentan a penas de hasta 22 años privados de la libertad, pero estas no se cumplirán en su totalidad por los principios de acuerdo que se están negociando para ayudar en la resolución del caso. Para López Rosero, la pena se reducirá en una cuarta parte, en algunos delitos, por no ser funcionario público, indicó la fiscal Patiño.
La defensa de Olmedo López realizó una propuesta formal al órgano de control para alcanzar un acuerdo y reducir la pena del exdirector de la Ungrd. En la oferta, se precisa que, a cambio de información valiosa, la condena de López no fuera mayor a 70,8 meses; es decir, casi seis años.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se refirió a la solicitud de la Fiscalía y la defensa de Olmedo López y Sneyder Pinilla, sobre la medida de aseguramiento.
“Esa es una decisión que toma el juez de garantías hacia dónde envía privados de libertad. Hubo una solicitud de la Fiscalía General si existían cupos en instalaciones militares para unas personas, pero la decisión es la que adopte el juez de control de garantías. Si existe la disponibilidad, pues en todo caso habrá que atender la orden de uso”, indicó el jefe de la cartera de Defensa.