En su Sala de Consulta y Servicio Civil, el Consejo de Estado en cabeza de de la consejera ponente María del Pilar Bahamón decidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es competente para investigar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de 2022 de la Coalición del Pacto Histórico liderada por Gustavo Petro.
En su decisión, el alto tribunal también advierte que el Congreso de la República es competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022- 2026 proceda la referida sanción”.
El fallo judicial se emitió tras resolver un “conflicto positivo de competencias” presentado por el CNE para confirmar qué autoridad era la competente para investigar y sancionar las irregularidades denunciadas desde febrero de 2022 en contra de la consulta interpartidista que eligió a Gustavo Petro como candidato presidencial. En ese orden, se reanudará el estudio de las actuaciones administrativas en la próxima sesión de Sala Plena.
Entre los hechos que investiga el CNE, están las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), donde el presidente Petro se transportó mientras era candidato a la presidencia.
Así mismo se investiga los aportes a SADI por 4.000 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña por 600 millones, así como los 500 millones que Fecode aportó a Colombia Humana.
Sumado a lo anterior, el CNE indica que no se reportó el préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y tampoco reportaron el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos.
Asimismo, “omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos”.