La Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge – CVS, en conjunto con la Alcaldía Municipal de Montería la Personería y la Policía Nacional, aplicaron medida preventiva, consistente en la suspensión de actividades a 19 lavaderos de carros y motos que funcionaban de manera ilegal en la capital cordobesa.
Esto, debido a la captación ilegal de agua superficial y subterránea, vertimiento de líquidos contaminados al río Sinú, el cual abastece al 70 por ciento de la población cordobesa, y conflicto de uso del suelo.
Con esta medida, se busca que todas las actividades comerciales y económicas se hagan dentro de la legalidad y la normatividad ambiental.
“A la CVS nos preocupa la problemática ambiental que generan estas actividades que se hacen de manera ilegal, así como las familias que derivan su sustento diario de estas acciones, por lo que desde hace tiempo hemos venido trabajando con estas personas para que ejerzan estas labores de acuerdo a la normatividad ambiental”, dijo el Director General de la CVS, José Fernando Tirado Hernández.
Señaló además que “esta es una política seria y contundente que pretende que se legalicen dentro de la normatividad pertinente y que si en los sectores donde se realizan estas actividades, no lo pueden hacer, los lavaderos deben ser reubicados”.
Para ejercer captación del recurso hídrico la norma exige que deben tener un certificado del municipio de Montería, donde diga cuál es la actividad que se puede desarrollar en el sitio determinado; así mismo, tener previo permisos de la CAR CVS que requieren estudios pertinentes y pago de impuestos a la CVS, los cuales son destinados a la gestión del preciado liquido, a su preservación y conservación.
Una de las mayores preocupaciones de la Corporación con relación a este tema es que ante la realidad que vivió el departamento de Córdoba por el déficit del recurso hídrico en los meses anteriores, se tiene los datos de cuanta agua se necesita para el consumo humano en la región, pero no para las actividades comerciales y económicas, porque estas no han querido legalizar sus labores, lo que permitiría tomar medidas administrativas de la gestión del recurso hídrico y priorizar el abastecimiento a las comunidades ante una emergencia.
CÓRDOBA HÍDRICA Y BIODIVERSA