El agente interventor no está cumpliendo con lo establecido en el artículo cuarto de la resolución número 024 sobre medidas de austeridad del gasto.
Por: Oswaldo Marchena Mendoza.
En twitter, @marchenojob
Una serie de anomalías administrativas y financieras, tienen en tela de juicio el proceso de intervención al que fue sometido el hospital San Jerónimo de Montería, por parte de la Superintendencia de Salud, las cuales se evidencian en el hecho, que, a pesar que la institución mantiene la misma capacidad instalada, sus gastos de operación se han disparado.
La ESE HSJM, fue intervenida mediante resolución número 1368 del 28 de julio de 2015, por la Supersalud, y dicha decisión se soportó en los siguientes aspectos: Disminución de la producción de servicios, disminución en contratación por venta de servicios de salud y del recaudo, incremento del déficit presupuestal y de gastos, aumento de las cuentas por pagar, procesos judiciales sin provisión e indicadores de calidad afectados negativamente.
El periodo de intervención tendrá tiempo de un año, a partir de la toma de posesión de los bienes de la ESE. Desde el inicio del proceso hasta la fecha, la entidad ha contado con dos interventores; Juan Carlos Guardo, quien ejerció hasta el pasado 7 de diciembre de 2015, y Luz Patricia Sánchez Rojas, quien desde entonces ejerce como gerente interventora.
Euforia desmedida por intervención se fue evaporando.
Tuve la oportunidad de entrevistar a trabajadores y médicos del hospital, 24 horas después de la intervención y sentí en sus palabras una euforia desmedida de optimismo; y no era para menos, la institución de salud venía siendo consumida a lo largo de los años por un irresponsable manejo politiquero, en detrimento de los trabajadores y de la mala calidad en la prestación de sus servicios. Claro que había que celebrar la intervención, el hospital había que quitárselo a quienes lo venían utilizando para satisfacer sus intereses personales.
Sin embargo, esa euforia de optimismo que aumentó con el primer balance del primer interventor Juan Carlos Guardo, se fue evaporando y desapareció por completo con las actuaciones de la gerente interventora, Luz Patricia Sánchez, quien, de acuerdo a denuncias, muy graves, del sindicato de trabajadores de la ESE HSJM, “Sintra Unidad Regional”, ha suscrito una serie de contratos que van en contravía de los principios que motivaron el proceso de intervención.
Las quejas de estas posibles irregularidades ya están en poder de los organismos de control, de la Supersalud, y del Ministerio de Salud, y se esperan importantes decisiones en los próximos días.
Las irregularidades.
El objeto social de la ESE es prestar servicios de salud, por lo cual esa es su actividad principal y sobre la cual se deba especializar. En el mes de enero de 2016, se contrató la remodelación de la cocina, por un valor de 135 millones 150 mil 610 pesos, y para la ejecución del mismo, se entregó un anticipo del 50% al contratista, GESPRODING Limitada, cuyo representante legal es Julio Roberto Hernández Mendivelso. La obra está paralizada.
El Sindicato no comparte esta inversión, tras argumentar que dicha cocina es un servicio tercerizado que brinda la alimentación a los pacientes y al personal médico y asistencial que trabaja en los diferentes servicios del hospital. Argumentan que existen otras prioridades al interior de la institución, como son la remodelación de la central de esterilización, quirófanos y el servicio farmacéutico que urge remodelaciones requeridas por el INVIMA.
Denuncia el sindicato que en lo que tiene que ver con el contrato actual que maneja el personal asistencial, es más costoso con relación al que se venía contratando en el mes de junio de la vigencia 2015, con un aumento en el gasto por valor de $122.501. 739, por lo cual se plantean el interrogante, ¿Dónde están las medidas de austeridad del gasto?, sobre todo si la capacidad instalada de la ESE no ha amentado.
El 20 de enero de 2015, se suscribió en el hospital la resolución 024, por medio de la cual se establecieron medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público de la ESE, donde entre otros aspectos se destaca: SERVICIOS PROFESIONALES: Los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión que suscriba la ESE con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad de realizar las actividades que se contrataran, por la especialidad en los procesos, o qué existiéndolo, por cargo laboral acreditada, no tienen la posibilidad de desarrollarlas.
Debido a la crisis financiera de la ESE, la cual tiene calificada en alto riesgo financiero por el Ministerio de Salud y Protección Social, se estableció un solo valor para la contratación de profesionales universitarios y especializados, sin importar el proceso o actividad a desarrollar, por lo cual se fijó un monto de 4 millones de pesos.
En el mes de enero del presente año, el jefe de control interno de gestión, envío oficio al agente interventor, solicitando la aplicación de medidas de austeridad del gasto en cada uno de los procesos de la ESE. La Ventana conoció algunos contratos firmados por la actual gerente interventora, Luz Patricia Sánchez, que no cumple con lo aprobado en enero de 2015, en lo relacionado con medidas de austeridad.
Contrato 552-1, cuyo objeto es “Prestación de servicios de asesoría jurídica de la intervención de la ESE HSJM y recuperación de títulos judiciales”, por un valor de 9 millones de pesos mensuales, y su tiempo de ejecución va del 4 de enero al 4 de julio del presente año. El Contrato 565, con el objeto de “Prestación de servicios profesionales para apoyar el área de talento humano en la organización de historias laborales de los funcionarios pre pensionables de la ESE HSJM, con los diferentes fondos de pensiones”, el valor es de $6.500.000 mensuales.
Encontramos el contrato número 537-1, “Prestación de servicios profesionales de contador público para brindar asesoría y acompañamiento a la ESE HSJM en intervención, en el proceso de consolidación de la información contable y financiera que le permita, la preparación de los estados financieros de acuerdo a las normas jurídicas aplicables”, por un valor de $7.933.931 mensuales, y el mismo va del 4 de enero al 31 de diciembre del presente años.
Como podemos observar, en solo estos contratos, la ESE y el agente interventor no está cumpliendo con lo establecido en el artículo cuarto de la resolución número 024 sobre medidas de austeridad del gasto.
El sindicato denuncia, además, que se contrató a un asesor de sistemas por valor de 6 millones de pesos mensuales, cuando existía un coordinador de sistemas con un contrato por 2 millones de pesos. El área de suministros de la ESE informó a la gerente el día 18 de febrero de 2016, sobre fallas existentes en dicha sección, en lo referente a la adquisición y suministros de medicamentos, así como las quejas que han recibido del cuerpo médico de la institución sobre la calidad de los productos que suministran los proveedores, lo cual es grave y va en contra de la calidad en la prestación del servicio, tal como lo exigen los requerimientos mínimos de prestación de servicios.
Se desbordaron limites que establece la intervención.
La resolución de intervención establece en uno de sus apartes lo siguiente: “Que de acuerdo a lo anterior se considera necesario ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar por el término de un año, la ESE HSJM. Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que el periodo inicial de intervención sería desde el 28 de julio de 2015 hasta el 28 de julio de 2016. La Ventana encontró contratos, donde el agente especial de intervención estaría sobrepasando dicho tiempo inicial de intervención, debido a que su vigencia se cumple en fechas posteriores a la misma.
Los contratos 537-1 y 538-1 van del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016, y entonces habría que verificar si el agente interventor estaría facultado para contratar por encima del tiempo estipulado de intervención inicial, objetos diferentes a los relacionados con la prestación de servicios de salud. Es oportuno informar que los referidos contratos se suscribieron con contadores públicos, para apoyar el proceso de consolidación de información contable y financiera.