En estos contratos que se firmaron cuando el pasado gobierno departamental expiraba, hay más interrogantes que respuestas.

Por. Mauricio Castilla.

En twitter, @pulsodeltiempo2

IMG-20160217-WA0012Los dineros de la salud deberían ser sagrados, pero en Córdoba, en el pasado gobierno departamental, armaron un verdadero zafarrancho con dichos recursos, conclusión que podemos sacar tras revisar los contratos que la secretaría departamental de salud firmó en el último mes, inclusive cundo se realizaban gestiones de empalmen con el nuevo gobierno.

La firma Suministro Integral de Proyectos.S.I.P, cuyo representante legal es Juan Gabriel Pérez Arango, se dio el lujo de firmar dos contratos por valor cada uno de 50 millones de pesos con la citada Secretaría, el 983 y el 986, el 22 de diciembre de 2015, dos días antes de la navidad, y a 9 de expirar la administración de Alejandro Lyons Muskus.

La Ventana conoció el contrato 983 de la citada firma, cuyo propósito fue “Capacitación en el manejo de radiocomunicaciones de la red hospitalaria en casos de emergencia por fenómenos naturales”, por valor de 50 millones de pesos y para realizarlo en 9 días. ¿A quién le correspondió esta navidad?; la misma empresa firmó el contrato 986 también por 50 millones de pesos, con un objeto que llama mucho la atención, “Repotenciación en equipos de suministro de energía solar para el fortalecimiento institucional”, nos dimos a la tarea de buscar dichos equipo pero nada que los localizamos.

La fue también a Suministro Integral de Proyectos. S.I.P, con ese gobierno departamental , que el 30 de diciembre de 2015, a 24 horas de terminar el mandato de Alejandro Lyons, volvió a firmar un contrato por 40 millones de pesos para adquisición de aires acondicionados, nunca entendimos el afán de hacer una compra por dicho valor un día antes de terminar un gobierno.

Otro contrato navideño que encontramos fue el 1005, el cual se suscribió el 24 de diciembre con la Fundación Unidos por la Salud, cuyo representante legal es Pedro José Santiz de Toro, por valor de mil 300 millones de pesos, para la “Adquisición de equipos e insumos para el laboratorio de salud pública del departamento “, cuyo tiempo de ejecución fue de dos días.

Pero hay más, al establecimiento de comercio Tomas y Cables, le asignaron dos contratos, ambos el 22 de diciembre en la víspera de navidad, el 984 por 50 millones de pesos, con otro objeto que llama la atención, “Prestar el servicio de capacitación en los diagramas de respuestas para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud”, para ejecutarlo en 9 días, y el 985, igual por 50 millones de pesos, con el propósito de “Diagnostico y actualización a las antenas de radio

comunicaciones de la red hospitalaria para garantizar el mejoramiento de la calidad de la atención en salud”, cuyo tiempo de ejecución fue de 9 días. Libardo Vergara Pacheco es el representante legal de la afortunada firma contratista. Nadie da razón entre los actuales funcionarios de salud departamental, sobre la ejecución o no de estos contratos.

Otro contrato que está en el radar de los organismos de control, es el número 964, “Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la secretaría de desarrollo de salud para fortalecer las acciones de salud ambiental, a través de la estrategia de entornos saludables en el departamento de Córdoba, excepto Montería”, por valor de $499.050.000, el cual se firmó con la sociedad Servicio Integral en Rehabilitación Limitada el pasado 10 de diciembre con un tiempo de ejecución de 19 días. ¿Desarrollaron en ese lapso todo lo que prometieron en el objeto del contrato en los municipios de Córdoba?, los organismos de control nos deben esa respuesta.

En tiempo récord la fundación Pisando Fuerte, (19 días), cuyo representante legal es Carlos Alberto Combatt Delgado, supuestamente ejecutó el contrato 967, por valor de 300 millones de pesos, el cual se firmó el pasado 11 de diciembre con el propósito de “Prestación de servicios para la prevención de riesgos laborales y seguridad industrial en el departamento de Córdoba”

En solo estos contratos de muchos que se firmaron cuando el pasado gobierno departamental expiraba, hay más interrogantes que respuestas.