Carolina Hernández
De igual manera, la ONG con sede en Londres, instó a Colombia a implementar medidas para evitar el desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes y a derogar las leyes que faciliten proyectos económicos en las tierras de estas minorías, sin su consentimiento.
En La señal de la mañana de Radio Nacional Peter Drury, miembro del equipo de investigación de Amnistía internacional para Colombia cuestionó que “hasta ahora solo se ha visto una mínima parte de la restitución de unos 8 millones de hectáreas – cerca del 14 % del territorio colombiano- que han sido objeto de despojo durante los años del conflicto”
La organización internacional reseña en su informe dos estudios de caso: el primero es el del resguardo indígena de Alto Andágueda en el departamento de Chocó que obtuvo medidas cautelares en febrero de 2013 y la comunidad afrodescendiente de La Toma en Cauca, donde las investigaciones no han avanzado según la ONG.
Drury indicó que incluso después de la restitución, los pobladores no gozan de garantías al regreso a su territorio.
“Estas comunidades indígenas y afrocolombianas no pueden disfrutar plenamente de sus derechos al territorio colectivo. Esto dentro de un contexto donde hay muchos intereses económicos, en particular la minería”, señaló Drury.