Un Fiscal Especializado contra la Corrupción iniciará la investigación contra el alcalde de Planeta Rica, Gilberto Montes Villalba, por la presunta comisión de los delitos incumplimiento al objeto contractual y detrimento patrimonial.
El anuncio lo hizo, Luis Serrano Lozano, de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación con sede en Bogotá, con base en el requerimiento del autor de una acción impetrada ante la entidad judicial. La indagación anunciada hace referencia al presunto incumplimiento del objeto del contrato para desarrollar el Plan de Alimentación Escolar, PAE, en el municipio de Planeta Rica.
Hechos.
Por considerar que el contratista no está cumpliendo con las cláusulas del documento público, el ciudadano, Francisco López Lozano, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde, Gilberto Montes Villalba, quien en calidad de Representante Legal del Municipio de Planeta Rica, el día 22 del mes de marzo del año 2017, firmó el contrato 023-2017 con, José Herrera Jiménez, quien actuó en calidad de Representante Legal de la Fundación Proteger.
De acuerdo con el contenido del convenio administrativo, el objeto del mismo fue realizar las acciones referentes al “Programa de Alimentación Escolar, modalidad Complemento Alimenticio A.M. y Complemento P.M. de acuerdo a los lineamientos técnicos, administrativos y financiero, y estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional, dirigido a niños, niñas y adolescentes del área urbana de diferentes grupos vulnerables de las instituciones educativas oficiales del municipio de Planeta Rica, registradas en el SIMAT.
López Lozano, señala en sus argumentos que el contratista, Fundación Proteger, no cumple con el programa de abastecimiento de agua de acuerdo con lo señalado para garantizar un servicio de calidad en potabilidad, los formatos de monitoreo y control que permitan el abastecimiento de agua potable para el servicio alimenticio, indicando que los alimentos son preparados con agua cuya potabilidad no está garantizada.
De la misma forma, el denunciante indica en su acción penal que el contratista no cumple con el uso de bodegas, plantas de ensamble o producción para el manejo exclusivo de alimentos conforme a la normatividad sanitaria vigente.
Las plantas de ensamble deben estar dotadas mínimo con equipos de refrigeración y congelación, balanza, gramera, termómetros, carretillas transportadoras, canastillas y estibas, además de que la entrega de los víveres e insumos a los establecimientos educativos debe hacerse en vehículos que posean la documentación reglamentaria y que cumplan con los requisitos para tal fin.
Señala el accionante que el contratista no cumple con los estándares en las raciones alimenticias que se están suministrando a los beneficiarios del programa; el agua utilizada para la preparación de los alimentos es de mala calidad, además de que no existe contrato laboral ni contractual como lo exige la Ley, con el personal vinculado para la manipulación de alimentos, además de que quienes ejercen en calidad de manipuladores, no están vinculados al sistema de seguridad social.
El denunciante refiere así mismo que no existe en el restaurante escolar de las instituciones educativas, el formato que establece el número de raciones diarias y de beneficiarios, días de atención y medios para la atención de peticiones, quejas y reclamos.
De acuerdo con el contenido del contrato de alimentación escolar para Planeta Rica, este tiene un valor de 572 millones 862 mil 812 pesos, el cual tiene una duración de 158 días.
El programa PAE, el más apetecido por los mandatarios públicos, dirigentes políticos y contratistas, cada día parece languidecer más en el departamento de Córdoba, ya que la situación denunciada en Planeta Rica se suma a la gravedad que ya existe en el desarrollo del mismo por falta de dinero.
Con texto de El Relator.