El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, y los exgobernadores de Córdoba Edwin Besaile Fayad, Alejandro Lyons Muskus y Marta Sáenz Correa, fueron llamados a declarar en la investigación que se realiza por posibles actos de corrupción en la remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora de esta ciudad. El alcalde y los exgobernadores serán testigos en las audiencias de juicio oral.
Esa fue una de las principales conclusiones de las audiencias preparatorias virtuales realizadas entre el 7 y el 11 de septiembre del presente año, que tuvo como principales protagonistas a los exalcaldes de Montería Marcos Daniel Pineda García y Carlos Eduardo Correa Escaff, quienes son investigados por esos hechos. Las diligencias preparatorias continuarán del 9 al 13 de noviembre próximos.
En el caso de Ordosgoitia Sanín tendrá que declarar por ser el alcalde actual, mientras que los tres exgobernadores serán testigos porque fueron mandatarios regionales en el mismo periodo de los dos exalcaldes, de acuerdo con lo informado por una fuente judicial.
Sáenz Correa fue gobernadora entre el 2008-2011, en el primer mandato de Pineda García; Lyons, del 2012 al 2015, el mismo periodo de Correa Escaff y Besaile Fayad, coincidió con el segundo gobierno de Pineda García.
El contrato de remodelación del coliseo ‘Happy’ Lora se firmó en la primera administración de Pineda García, pero solo se pudo iniciar las obras en 2012, inicios del mandato de Correa Escaff. El escenario deportivo debía estar listo en el mes de noviembre de ese año, cuando se realizaron los Juegos Nacionales, pero eso no fue posible. Solo el 28 de diciembre de 2016, comienzos del segundo periodo de Pineda García, fue reinaugurada la obra. La inversión tuvo un costo superior a los 12 mil millones de pesos.
Además de Pineda García y Correa Escaff, también hacen parte del proceso judicial otras seis personas que son: Carlos Angulo Martínez y Héctor Julio Álvarez, exsecretarios de Infraestructura Departamental; Joaquín Esquivia Castellanos, exsecretario de Infraestructura Municipal; Pascual Guerrero, del Fondo Mixto para la Recreación y el Deporte, entidad que realizó la remodelación; y Samuel Eduardo Mora y Gilmar González, interventores.
Los anteriores son investigados por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.