Mientras el Congreso de la República y el Presidente, aun no se ponen de acuerdo en el tema de las curules para las víctimas, muchas de estas ya están en campaña política para ocupar uno de esos escaños en la Cámara de Representantes. Esta es la historia de Adriana Molina.
Hace 11 años, embarazada y con dos niños pequeños, le tocó salir huyendo de Frasquillo, Tierralta, cuando la violencia le quitó a su esposo, asesinado por grupos violentos, tras sindicarlo de estar metido en el negocio de cultivos ilícitos.
“Desde mucho antes ya nos venían amenazando, y por eso yo le decía a él con temor que saliéramos, y entonces me respondía, que no tenía problemas con nadie porque ejercía un liderazgo en ese territorio, Puerto de Frasquillo, donde aseguraba que nadie tendría que hacerle daño, y menos aún, con su trabajo en favor de la comunidad”, asegura.
Adriana, afirma que con su esposo tenían unas canoas que arrendaban para el proceso de erradicación manual de cultivos ilícitos, pero que nunca participaron de dicha actividad ilegal, y fue entonces cuando empezaron a recibir amenazas.
“Un día quiso reunirse con un personal que lo citó a una reunión para que explicara el tema de las canos y los cultivos ilícitos; pero de esa reunión nunca regresó, lo juzgaron sin escucharlo, lo condenaron y luego lo asesinaron”, afirma, Adriana Molina.
“Me tocó venirme para Montería con dos niños pequeños y embarazada, como desplazada, uno de 7años, una bebé de 2 y con 6 meses de embrazo, proceso este que me tocó afrontarlo sola, lejos de mi familia”, asegura, tras recordar que la violencia ya le había quitado a sus padres.
La lucha por la tierra.
Sus pocos bienes, aquellos que había adquirido al lado de su marido, trabajando de sol a sol, les fueron incautados, tras considerar las autoridades que los mismos habrían sido productos de la actividad de cultivos ilícitos. Ella no se rindió, indefensa, sola con sus hijos, sacó valor para reunir las pruebas necesarias que le demostraran a la Fiscalía que sus bienes eran producto de actividades legales.
Después de 2 años logró entrevistarse con el fiscal que lleva su proceso, a quien logró convencer con las pruebas que aportó para que profundizara más en la investigación y poco a poco, ha logrado recuperar alguno de sus bienes. “La justicia empezó a darme la razón”, señala.
Tengo un profesional del derecho atendiendo mi caso, pero prácticamente he actuado como víctima y como abogada del caso, y gracias a eso, hoy se empiezan a aclarar las cosas y a recuperar los bienes, aunque la vida de mi esposo y la tranquilidad de mis hijos nunca se recuperarán, asegura.
“Ms hijos han sufrido mucho, traumas psicológicos; he tenido que llevarlos al psicólogo, no han asimilado este nuevo estilo de vida que nos tocó asumir, con el papá vivieron sus mejores años”, subraya.
Los retos.
Actualmente vive en Valencia Córdoba a donde regresó hace 7 años, tuvo la oportunidad de trabajar en la alcaldía de ese municipio y junto a otras mujeres golpeadas por el flagelo de la violencia fundaron la Asociación de Mujeres Víctimas de la Violencia del Alto Sinú.
“Hemos sido muchas las mujeres víctimas, no solamente los hombres, a nosotras nos tocan todos los tipos de violencia, y unidas por las mismas necesidades organizamos la asociación, porque a pesar que algunas logramos estudiar y prepararnos, otras están sumidas en la miseria y sin la posibilidad de acceder a sistemas de educación”, subraya.
Hoy, atendiendo la invitación de esas mujeres, y de otras personas afectadas, he decidido aspirar a la Cámara de Representantes, por la circunscripción especial de paz por los municipios de Valencia, Tierralta, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba.