La CVS ya tomó medidas administrativas jurídicas ambientales y también dio traslado a las autoridades competentes, tras considerar que se configuraron no solamente infracciones ambientales, sino ya presuntos delitos ambientales.
El pasado 26 de noviembre, desconocidos realizaron una tala ilegal de árboles en el barrio 31 de octubre del municipio de Chinú, en un sector donde se está construyendo un parque. Desde que la CAR CVS fue informada del caso, trasladó a su equipo técnico al lugar de los hechos, integrado por profesionales en el área forestal.
Al respecto el Subdirector de gestión ambiental de la CAR CVS, Albeiro Arrieta López, informó que en la zona donde se denunciaron los hechos se había autorizado por parte de la autoridad ambiental la tala de unos árboles y la poda de otros.
Al respecto, Manuel Bedoya Lozano, funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAR CVS, quien estuvo presente en el lugar de los hechos, informó que la corporación había expedido la resolución 124 del 25 de junio del 2019 en la cual se otorgó un permiso de aprovechamiento forestal para tala de 11 árboles en dicho lugar (entre esos 4 bongas licenciadas para tala) y el resto eran higos, robles y otras especies forestales, que estaban en el entorno del parque y hacían parte del perímetro y ellos ameritaba su tala por el desarrollo de la construcción.
El funcionario señaló que también se autorizaron 28 árboles para poda. Manifestó además que en la visita técnica se pudo establecer que de los 28 árboles que estaban autorizados para poda dentro de la mencionada resolución, talaron ilegalmente 11 árboles (11 bongas, cuando solo se había autorizado la tala de 4).
Es oportuno informar que la comunidad siempre manifestó su interés en que le quitaran todas las bongas, porque ellas emiten una lana (floración natural del árbol), y debido a eso, ellos decían que eran enfermedades, y por ese temor (infundado), querían quitar todas esas bongas. Al final se presentó la mencionada tala ilegal.
Al respecto, Albeiro Arrieta, sostuvo que la CVS ya tomó medidas administrativas jurídicas ambientales y también dio traslado a las autoridades competentes, tras considerar que se configuraron no solamente infracciones ambientales, sino ya presuntos delitos ambientales que están en conocimiento de la policía ambiental, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría Ambiental Agraria, la Gobernación de Córdoba y también la Alcaldía de Chinú.
