Tomado de: http://www.fiscalia.gov.co
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 70 Penal de Bogotá con función de control de garantías profirió medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de John Anderson Vergara Zabala, César Camilo Cristancho Barrantes y William Leonardo Garay, conductores de taxi.
La Fiscalía los llevará a juicio como presuntos coautores de los delitos de terrorismo e incendio por los hechos en los que fue quemado un vehículo de la plataforma virtual de Uber en horas de la madrugada del 17 de enero pasado en inmediaciones de la calle 170 con carrera 90, sector de La Conejera, norte de la capital.
Se trata de personas aparentemente muy peligrosas que no tienen valor por la vida, en las interceptaciones de llamadas se puede entrever que disparaban con armas neumáticas a personas que según ellos estaban conduciendo un carro de este medio de transporte, sostuvo la juez al avalar la petición de la Fiscalía.
Por su parte la Fiscalía manifestó que el derecho a elegir es fundamental en un sistema democrático, aunque sea un sistema sin legalizar, la gente tiene el derecho a decidir el tipo de trasporte a utilizar y, unos conductores afectados no pueden hacer justicia por sí mismos.
De acuerdo con el relato de la víctima, prestaba el servicio de transporte público en su vehículo particular cuando el pasajero sacó un arma y una botella llena de gasolina y le ordenó que corriera a la cuenta de tres y luego en compañía de personas que bajaron de un taxi, procedieron a incendiar el automotor.
“Se equivocan constantemente al confundir a ciudadanos con conductores de Uber, causando varios enfrentamientos a la población civil”, sostuvo la delegada del ente investigador.
Agregó que muchos padres de familia recogen a sus hijos en la noche o en la madrugada de los fines de semana cuando se encuentran en reuniones o departiendo con sus amigos.
“Que tal los sigan confundiendo y ocasionen una tragedia a familias inocentes”, señaló también la fiscal del caso.
Es preferible proteger a la comunidad de actos terroristas como los que están ocurriendo en la ciudad, que el derecho a la libertad de tres personas que son presuntamente un peligro para la comunidad”, concluyó la juez al proferir la medida privativa de la libertad.