Por debajo del puente, además de agua, corre toda una historia de corrupción e ineficiencia que arrastró con millonarios recursos que estaban destinados para una obra cuyo primer contrato decía que debía entregarse después de una prorroga el 31 de marzo del 2011.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Así como los cactus sobreviven en regiones desérticas de clima muy seco, en Córdoba, más exactamente en el municipio de Valencia, la obra de un puente logró terminarse en medio de un río de corrupción después de una inversión de 36 mil millones de pesos en cuatro contratos, sin incluir el costo de las interventorías. Una descomunal suma para las características del puente. 

Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, está a pocos días de cortar la cinta que le dará apertura al puente de Valencia sobre el río Sinú. Precisamente fue Benítez como diputado quien más cuestionó los atrasos y pasividad excesiva de los diferentes contratistas que desfilaron por el sitio de la obra. 

En los momentos en que a los cordobeses se nos olvidaba que habían adjudicado un contrato y entregado un anticipo para la construcción del puente, Benítez Mora desde la duma departamental, o por su cuenta de twitter o de algún medio de comunicación, se encargaba de recordarle al departamento y a los organismos de control, que las obras del puente estaban paralizadas.

Tras 11 años de haberse firmado el primer contrato para la construcción del puente de Valencia, esta semana la Gobernación de Córdoba anunció que la estructura superó las pruebas de resistencia, requisito previo para la inauguración oficial del puente que comunicará al sur de Córdoba con el departamento de Antioquia por el río Sinú.

Por debajo del puente, además de agua, corre toda una historia de corrupción e ineficiencia que arrastró con millonarios recursos que estaban destinados para una obra cuyo primer contrato decía que debía entregarse después de un prorroga el 31 de marzo del 2011. ¿Quién se quedó con la plata?

Contratos

El primer contrato (3381 de 2009) se firmó en el gobierno departamental de Marta Sáenz y la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, entre Invías y el Consorcio Puente de Valencia 2010-2011, representado por Esteban Macías,  por un valor de 8.769 millones de pesos, con un tiempo de ejecución de 8 meses. La citada firma dejó caducar el contrato, pese a que se hizo una prorroga hasta el 31 de marzo del 2011.

La obra la adjudicaron directamente en Bogotá y en Córdoba no hubo socialización de la misma, me dijo la exgobernadora, Martha Sáenz.   

Por lo anterior, el entonces diputado, Orlando Benítez Mora, presentó denuncia ante la Gerencia de la Contraloría Departamental de Córdoba. El ente de control respondió que el detrimento patrimonial del Estado fue de 6 mil 155 millones de pesos. Primera pegunta, ¿Quién se quedó con esos recursos que se dejaron de invertir en el puente?

En el gobierno de Alejandro Lyons, se firmó un nuevo contrato (474 de 2013) por 10 mil 700 millones de pesos entre la Gobernación de Córdoba y la Unión Temporal Alto Sinú, con un plazo inicial fijado para el 31 de diciembre de 2014. De nuevo se incumplió y la obra no se entregó. Segunda pregunta, ¿Quién se quedó con el anticipo de este contrato? 

Con la llegada de una nueva administración departamental, se prendieron las alarmas por el incumplimiento del contratista Unión Temporal Alto Sinú. 

El 8 de enero de 2016, el secretario de Infraestructura de entonces, Carlos Angulo Martínez, lanzó una alarma y dijo que los 6 mil millones de pesos que Invías adjudicó para la construcción del puente de Valencia podrían ser reasignados por el gobierno Nacional (el dinero estaba en la cuenta de la gobernación de Córdoba y  no fue girado al contratista debido a los incumplimientos). La demora y deficiencia en los estudios hizo que el nuevo gobernador Edwin Besaile, liquidara el contrato. 

Así se salvó la obra.

El primero de febrero de 2016 el entonces gobernador Edwin Besaile en reunión con el director nacional de Invías, Carlos García Montes, logró prorrogar el contrato de construcción y evitó que los 6 mil millones de su construcción se devolvieran al tesoro nacional.  El10 de octubre de 2016 la Gobernación de Córdoba adjudicó al Consorcio San Jerónimo la culminación del puente (solo para la construcción de la súper-estructura).

Tras finalizar la estructura solo quedaba pendiente un nuevo contrato para las obras complementarias y de acceso. El Gobierno Nacional condicionó al entonces gobernador, Edwin Besaile, que solo hasta que se terminara la estructura del puente se procedería a la aprobación de recursos para las obras complementarias.

Los $7.600 mil millones para la construcción de los accesos del puente fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión PAZ (OCAD-PAZ).

Durante el mandato de la gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Devia Ruiz,  por medio de la resolución 005 del 12 de febrero de 2019, la Secretaría de Infraestructura adjudicó el proceso de licitación de la construcción de vías de acceso y obras complementarias del puente de Valencia al Consorcio Accesos. El contrato fue por 7 mil 600 millones de pesos. 

El 28 de marzo del 2019, el diputado Orlando Benítez Mora,  anunció en su cuenta de twitter que según resolución 00903 del 28 de febrero de 2019 de Invías se adjudicó la interventoría para la construcción de la fase final del puente de Valencia al Consorcio ETA- CNS-Tierralta por valor de 523.791.195 millones de pesos. 

Con este último contrato se terminó la novela del puente; pero antes más de 36 mil millones de pesos en 4 contratos, sin incluir los costos de las diferentes interventorías, fueron necesarios para terminarlo.