Rectores de universidades públicas rechazan artículo aprobado en el Congreso que compromete sus recursos.

Los rectores que integramos el Sistema Universitario Estatal – SUE rechazamos de forma vehemente y enfática el artículo aprobado en el Congreso de la República durante la discusión parlamentaria para establecer el Presupuesto General de la Nación para el año 2020, el cual afecta sustancialmente las finanzas de las universidades públicas. En particular, nos referimos al ‘Artículo 44’ que plantea que el Gobierno Nacional podrá utilizar los recursos transferidos a las universidades públicas para pagar “las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta”.

Como es bien sabido, en el campo de las universidades públicas, el Artículo 86 determina la transferencia indexada al menos de los recursos de funcionamiento e inversión de nuestras universidades, que como se entenderá, están comprometidas en el pago de salarios, prestaciones legales y asuntos de funcionamiento propios de nuestras instituciones, las cuales, como se reconoció en 2018 en el acuerdo alcanzado con el gobierno Duque, vienen siendo deficitarias.

Desde dicho traslado presupuestal hemos venido asumiendo las obligaciones relacionadas con los asuntos legales correspondientes al funcionamiento de nuestras universidades, sin embargo, cosa bien distinta y absolutamente inconveniente, es que se pretenda que dichos recursos deban pagar obligaciones generales en demandas contra la Nación, lo que podría comprometer gravemente la estabilidad de nuestras finanzas.

Por lo tanto le solicitamos al Gobierno Nacional y en particular al Ministerio de Hacienda, como a los ponentes del trámite legislativo, retiren por inconveniencia dicho articulado. Esta decisión resulta además inadecuada en el actual contexto de movilizaciones universitarias. Necesitamos un mensaje claro y contundente del Gobierno Nacional, en el cual declare que continuará respetando los acuerdos, que no se afectarán las finanzas públicas con estas incertidumbres y que trabajaremos de la mano en la reforma de los artículos 86 y 87 de la actual Ley 30 de 1992, precisamente, para fortalecer la financiación pública de nuestras universidades.

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