Pagamos los peajes y ponemos los muertos.

 

En los balances de los concesionarios viales aparecen cifras, números, ganancias, ingresos; sin espacio para la seguridad vial; ese tema es responsabilidad del Estado, dirán ellos.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

En este país se defiende más al capital privado por encima de la vida, y ello está demostrado en las concesiones viales, que se quedan con los recursos de los peajes y se imitan a la infraestructura vial sin importar las vidas que se pierden en sus vías. Ellos no son responsables directamente de muchos accidentes, pero si tuvieran algo de responsabilidad social seguro que bajarían los siniestros viales.

En Córdoba se nos volvió paisaje observar cómo en las vías concesionadas se presentan a diario siniestros viales ante la mirada impávida de quienes se han enriquecido con la operación y explotación de dichas vías. En los balances de los concesionarios viales aparecen cifras, números, ganancias, ingresos; sin espacio para la seguridad vial; ese tema es responsabilidad del Estado, dirán ellos.

El pasado 30 de marzo, Andrea Carolina Guerrero Del Toro se desplazaba en una moto conducida por Roberto José Doria Anaya, cando fueron impactados por un vehículo a escasos 500 metros del peaje Mata de Caña, (Concesión Ruta al mar) en la vía San Pelayo –Lorica a la altura de una estación de servicio en el punto Tierraltica. Los padres de la niña que hoy se recupera satisfactoriamente, me contaron que los jóvenes  duraron tirados más de 40 minutos en la carretera y que en la estación de peaje no había personal paramédico y menos una ambulancia para movilizarlos a un centro de salud.

El primero de enero de 2017 ocurrió un accidente de tránsito en la vía San Pelayo lorica a la altura del corregimiento de Palo de Agua, tras caer un árbol lo cual provocó que el conductor terminara chocando contra el mismo. En el siniestro fallecieron tres personas y 14 más quedaron heridas.

La novela de los concesionarios viales tiene varios capítulos grises  en el corredor Montería-Cereté operado por Autopistas de la Sabana. El pasado 11 de julio del año 2014, el entonces Secretario de Tránsito de Montería, Héctor Fabio Cordero le envió un oficio dirigido a Salomón Niño Ortiz, Gerente de Autopistas de la Sabana S.A, donde le expone la problemática de seguridad vial que ellos observaron tras varias actividades de inspección.  Este oficio es prácticamente una premonición a las muertes que meses después ocurrieron en dicha vía.

En el documento se advierte entre otros aspectos: Ausencia de barreras de contención y división a lo largo de toda la mediana o separador, permitiendo a los usuarios la oportunidad de realizar movimientos de cruce; presencia de elementos peligrosos al borde de la vía, especialmente la existencia de árboles secos que al combinarse con condiciones climáticas adversas ha resultado en accidentes con consecuencias fatales. Después de aquella advertencia  van 3 muertos por esa causa en ese corredor vial, 3 muertes que se pudieron evitar si Autopistas de la Sabana hubiera atendido la solicitud del mencionado oficio.

Al final, el entonces Secretario de Tránsito de Montería le expresa a Autopistas de la Sabana: “Con relación a lo anterior me permito agregar que el Estado colombiano definió la seguridad vial como política de Estado y como prioridad del gobierno nacional. Es responsabilidad de las concesiones garantizar las condiciones de seguridad vial de los tramos concesionados, debido a que hacen parte de la administración y del mantenimiento de los mismos. Por otro lado, es nuestro deber velar por la protección de la vida de los usuarios de las vías, reducir la accidentalidad  y prevenir los accidentes. Es por esta razón que le solicitamos muy amablemente a usted revisar cada una de las situaciones aquí planteadas, con el fin de verificar lo expuesto y tomar las acciones adecuadas para resolver los casos específicos”.

Si en aquella oportunidad, Autopistas de la Sabana hubiera tenido algo de responsabilidad social, por lo menos en lo que tenía que ver con la poda de los árboles que amenazaban caer sobre la vía, seguro que se hubieran evitado las muertes que por dichas circunstancias ocurrieron en el tramo vial. El concesionario de la mencionada vía se limito a explicar que en el caso de poda de árboles es una función que no le compete.

Oficios con el mismo propósito fueron enviados  nuevamente al gerente de Autopistas de la Sabana por Héctor Fabio Cordero, Secretario de Tránsito de la época el 13 de marzo de 2015, y otro por el mismo funcionario el 15 de julio de 2015 dirigido a Luis Fernando Gómez, director de la interventoría  de la mencionada concesión. La misma problemática fue expuesta a la gerencia de Autopistas de la Sabana el 8 de febrero de 2016 por la Secretaria de Tránsito de Montería en ese momento, Luz Amparo Salcedo Ortega.

El 8 de julio de 2016, el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda Cabrales, asume directamente las preocupaciones por aspectos en la vía que afectan la seguridad vial y mediante oficio dirigido al entonces gerente de Autopistas de la Sabana, Rafael Devoz Rodríguez, le insiste en temas ya expuestos en oficios anteriores por secretarios de tránsito de la ciudad, y le agrega una nueva inquietud, “Ausencia de campañas de educación y prevención vial a los usuarios de la vía, con el fin que respeten las normas de tránsito y conozcan el significado de la señalización existente en el tramo.

Varios oficios y documentos radicados al concesionario Autopistas de la Sabana, pero que al final no sirvieron para evitar siniestros viales ocasionados por caída de ramas de árboles que de acuerdo a diagnósticos técnicos tenían que haberse intervenido con suficiente tiempo.

Acabo de recibir la respuesta de un derecho de petición que le presenté a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, sobre los ingresos por concepto de los peajes Garzones I y II, ubicados en el tramo Montería-Cereté.  La respuesta indica que el concesionario Autopistas de la Sabana ha recaudado por dicho concepto entre enero y septiembre del año 2018 la suma de 19 mil, 704 millones, 104 mil 300 pesos.

La cifra corresponde a la suma de los ingresos de los dos peajes ubicados en el corredor Montería Cereté, la misma vía donde van 3 muertes por caída de ramas de árboles.

Los congresistas del país, y en este caso los de Córdoba deben revisar los contratos de concesiones viales e incorporarle a los mismos más responsabilidad social y compromiso con la seguridad vial para bajar esa tendencia alarmante de siniestros viales.  Por ahora la registradora de los peajes se sigue moviendo a favor de los concesionarios, sin que les importe la seguridad vial.

 

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