Los tentáculos de Cerro Matoso en fallos judiciales.

 

“Estamos hablando de procesos que tuvieron curso en primera instancia en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, muchos de ellos desfavorables a los trabajadores y en los cuales se violó flagrantemente el Código Disciplinario del abogado y ley anticorrupción en beneficio de la empresa demandada”.

Por Eder Blanco Bohórquez

Al hablar de corrupción en nuestro país es referirse automáticamente a infringir la ley por acción u omisión sobre hechos y actos de personas que por lo regular de una parte representan intereses particulares de sociedades de derecho privado o pública, y  por otro lado con el concurso y con el beneplácito de funcionarios de corporaciones públicas de orden administrativo o judicial; desilusiona que el departamento de Córdoba históricamente pose con la bandera en alto en lo relativo a escándalos de corrupción en todos los niveles en el país, lo cual, en estos últimos tres años se han recrudecidos dichos escándalos con una tenacidad de proporciones exageradas, lo cual nos permite suponer que no se han tomado las respectivas acciones por parte de los organismos de control para acabar con este flagelo que tanto daño nos hace y que de una u otra manera afecta la imagen de Colombia a nivel internacional.

La columna de opinión de esta semana va relacionada a unos hechos, quizás para algunos no conocedores del tema parecería de proporciones menores (jugaditas), pero para quienes reconocemos la importancia de la ley y de aquellas personas que por su rol y mandato propio de la Constitución deben aplicarla, sí es algo que debe llamar muchísimo la atención, tanto de la sociedad en general como también de las entidades de control, ya que se trata de personas que por su honorabilidad deben ser ejemplo para una sociedad que con el pasar del tiempo pierde confianza en las entidades.

Se trata básicamente de la continuidad de una columna de opinión que escribí el 24 de julio del año en curso para este medio informativo de comunicación titulada “La Jugadita de Ricardo Gaviria Jansa, Presidente de Cerro Matoso S.A.” ahí réferi unos hechos que no son de poca monta, más bien obedecen una tecnicidad especializada de corrupción que muy pocos lograrían percibir, se trata de unos procesos jurídicos laborales en los cuales unas personas de bien que ven quebrantados sus derechos después de servirles al patrón, acuden ante la justicia para reclamar los mismos y fían en una demanda sus pretensiones y esbozan toda la confianza en el operador judicial para que este opere en el marco de la ley.

Estamos hablando de procesos que tuvieron curso en primera instancia en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, muchos de ellos desfavorables a los trabajadores y en los cuales se violó flagrantemente el Código Disciplinario del abogado y ley anticorrupción en beneficio de la empresa demandada, hecho generador de duda, sin que hubiese pronunciamiento alguno sobre ese asunto de los jueces y magistrados que conocieron de las demandas, en el que están envueltos por conocer de ellos el juez y unos magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería de la Sala Civil, Familia y Laboral, el exsecretario del juez, que luego paso a ser apoderado judicial de Cerro Matoso S.A. y funcionarios de la empresa mencionada.

Por fortuna, existe en nuestro ordenamiento jurídico la segunda instancia, en la cual el vencido tiene la oportunidad legal de controvertir la medida tomada por el juez de primera instancia buscando con ella una decisión a favor, decisión final que quedó en manos de los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Montería, quienes por su honorabilidad están sometidos de primera mano al imperio de la ley; esa sola connotación implica corregir los errores jurídicos de los procesos tanto de forma como de fondo, entre esos debieron darse cuenta que el exsecretario del Juez, que luego paso a ser apoderado judicial de Cerro Matoso S.A. estaba impedido por mandato legal para actuar como abogado de la compañía referida y esa omisión a mi parecer no creo que haya sido fortuita.

Entre los honorables tenemos al magistrado CRUZ ANTONIO YÁNEZ ARRIETA quien en segunda instancia conoció de la apelación del proceso laboral ordinario con radicado No.23466318900120140016302 del señor José Rafael Díaz Fuentes, en la fecha 07 de julio de 2016 y cuyo reparto fue hecho a su despacho el 01 de agosto del mismo año, en donde el cuestionado apoderado judicial de la empresa Cerro Matoso S.A.,el abogado Moisés Arteaga Espinoza estuvo en la audiencia de juzgamiento de primer instancia celebrada el día 7 de julio de 2016 actuando como apoderado judicial de la demandada, es decir la empresa Cerro Matoso, omitiendo el honorable magistrado que el señor Arteaga Espinoza había actuado como secretario del juzgado de primera instancia en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas y decreto de pruebas celebrada el 17 de febrero del 2015, y que esa mera condición es contraria a la ley.

El segundo caso apunta a los honorables magistrados CARMELO DEL CRISTO RUÍZ VILLADIEGO, JORGE MAYA CARDONA y repite en esta actuación el doctor CRUZ ANTONIO YÁNEZ ARRIETA, quienes el 23 de noviembre de 2015 profirieron sentencia judicial de segunda instancia del proceso laboral ordinario del señor Hernán de Jesús Hincapié, en cuya audiencia, según acta como obra en el expediente, estuvo presente el apoderado de la parte demanda de la empresa Cerro Matoso, MOISÉS ARTEAGA ESPINOZA; estos honorables magistrados le reconocen personería al doctor Arteaga Espinoza,  notificación que se dio en estrados (audiencia), con el beneplácito de que el señor Arteaga el día tres (3) de diciembre del año 2014 procedió como secretario del juzgado de primera instancia en la audiencia de juzgamiento.

Bajo similares hechos actuó también el honorable magistrado MARCO TULIO BORJA PARADAS, la pregunta es; ¿cómo en un cuerpo colegiado pasa de agache tan colosal violación a la ley? ¿Dónde están los organismos de control para que investiguen a fondo estos hechos?

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