La JEP acepta el sometimiento de Salvador Arana, pero le niega la libertad transitoria, condicionada y anticipada.

El exgobernador de Sucre deberá ajustar en los próximos 10 días hábiles el compromiso concreto, programado y claro de aporte a la verdad plena más allá de la conocida en la justicia ordinaria.

Arana fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, concierto para delinquir al promover grupos armados al margen de la ley, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. 

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, resolvió aceptar la solicitud de sometimiento de Salvador Arana, como agente de Estado diferente a miembro de la fuerza pública, pero le negó la libertad transitoria, condicionada y anticipada.

Salvador Arana, fue gobernador de Sucre (2001-2003) y embajador de Colombia en Chile entre 2002 y 2004. Ha sido procesado por la Corte Suprema de Justica por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de El Roble (Sucre), también por concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC, y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.

Fue condenado por la justicia ordinaria a 40 años de cárcel. Ya cumplió 10 años privado de la libertad. El primero de diciembre de 2017, el exgobernador suscribió acta de sometimiento ante la JEP por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada. 

Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones jurídicas consideró que la propuesta de régimen de condicionalidad presentada por Salvador Arana, debe ser ajustada y concreta. “Una propuesta muy general y sin observar los aspectos advertidos al ser ejecutada podría resultar revictimizadora por la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos y al DIH ocurridas” determinó la resolución. 

Al respecto la JEP le ordenó a Salvador Arana ajustar el compromiso concreto programado y claro presentado por él, de acuerdo con las indicaciones y parámetros establecidos por la Sala, para que sea entregado en un plazo de 10 días hábiles.

 

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