Juez reconoce que suspendió a secretario de juzgado sin haberlo notificado.

 

Por esta omisión, seguramente vendrán consecuencias patrimoniales para la rama judicial, porque todo acto administrativo de carácter particular debe ser notificado personalmente, o de lo contario el acto proferido no tendría eficacia jurídica.

Atendiendo una sentencia de Tutela del Tribunal Superior de Montería (necesaria para que contestara un derecho de petición), el juez Martín Montiel Salgado, titular del juzgado Civil del Circuito de Lorica, admitió en respuesta a un derecho de petición, que en su momento, cuando suspendió al secretario de dicho juzgado, Mauricio Espinosa Espinosa, él mismo no fue notificado por dicho despacho judicial.

Textualmente se lee en dicha respuesta:  “respecto a los actos administrativos contenidas en las resoluciones Número 0035 de noviembre 13 de 2015, proferidas por el entonces titular del despacho, Carlos Francisco García Guerrero, así como la resolución 0010 de abril 29 de 2016, proferidas por el suscrito Martin Alonso Montiel Salgado, me permito indicar lo siguiente: Primero: respecto de dichos actos administrativos no se surtió el procedimiento notificatorio establecidos en los artículos 66 a 69 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo, en la media en que no le fueron enviadas las comunicaciones respectivas”.

En la misma respuesta el citado juez señaló, que “en virtud de lo anterior, el despacho no tiene citaciones formales o electrónicas del envío de dichas notificaciones, ni tampoco del aviso de que tratan las normas citadas previamente”.

Antes este reconocimiento público del juez en mención caben varios interrogantes: ¿Cómo es posible que haya seguridad democrática y confianza jurídica, con un juez de la República, que tengan que ordenarle por tutela el Tribunal Superior de Montería, la respuesta a un derecho de petición de un ciudadano afectado por un mal procedimiento administrativo?;  como sucedió en efecto con el juez Montiel Salgado.

Por esta omisión, seguramente vendrán consecuencias patrimoniales para la rama judicial, porque todo acto administrativo de carácter particular debe ser notificado personalmente, o de lo contario el acto proferido no tendría eficacia jurídica, como la establecen los artículos 66 a 69 del Código de Procedimiento Administrativo.

En Contexto.

Mauricio Espinosa Espinosa, Secretario en Propiedad del juzgado Civil del Circuito de Lorica, fue cobijado con medida de aseguramiento el pasado 19 de octubre de 2015, como presunto responsable de las decisiones proferidas por la entonces juez del citado juzgado, Loreley Montes Oyola, implicada en el llamado cartel de la educación. Es oportuno recordar que en días pasados, Montes Oyola se entregó a las autoridades y se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.

La medida de aseguramiento contra Espinos Espinosa, consistió en detención en centro carcelario, decretada por el juez 37 Penal de Bogotá. La misma orden afectó a 15 personas más, entre abogados y funcionarios de la alcaldía de Lorica. Tras los hechos mencionados, en abril de 2016, Mauricio Espinosa fue suspendido del cargo, como secretario en propiedad del juzgado Civil del Circuito de Lorica, por el juez Martín Montiel Salgado, a través de acto administrativo. Es oportuno aclarar que el afectado no fue debidamente notificado.

Recuperó libertad  y con ella sus derechos.

El pasado 3 de febrero de 2017, el juez Penal de Garantías de Bogotá, en audiencia pública, decretó la libertad por exceso vencimiento de términos de Mauricio Espinosa Espinosa y de Edwin Salgado Guerrero (quien también había fungido como secretario en el juzgado Civil del Circuito de Lorica).

Una vez recuperó su libertad, Espinosa Espinosa, se le presentó al juez, Martin Montiel Salgado  y le solicitó formalmente el reintegro por haber recuperado su libertad. Tamaña sorpresa se llevó cuando el mencionado juez se lo negó, argumentando que no podía hacerlo por considerar que la medida de aseguramiento estaba vigente.

Ante dicha respuesta, Mauricio Espinosa, le dirigió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, solicitándole que le informaran si a la fecha tenía vigente alguna medida de aseguramiento, entidad que de forma clara y precisa le contesto que a nombre de Mauricio Espinosa Espinosa no figura medida de aseguramiento , ni sentencia condenatoria alguna.

Con ese documento referido de la Fiscalía, en abril de 2017, Espinosa Espinosa, se presentó al despacho del juez  Montiel Salgado, y le solicitó de nuevo su reintegro, quien de forma contundente se lo volvió a negar, tras argumentar que la medida estaba vigente.

Intervienen jueces de garantías.

Los abogados Sandro Guevara y Angélica Cárdenas, solicitaron formalmente ante los jueces de garantías la revocatoria de la medida de aseguramiento,  cuya solicitud le correspondió el conocimiento al juez 71 Penal de Garantías de Bogotá, el cual después de escuchados los argumentos, el apoyo de la Fiscalía y del abogado de las víctimas, decidió revocar la media el 30 de noviembre de 2017.

Con el fallo del juez de Garantías, el 1 de diciembre de 2017, Espinosa Espinosa, se presentó ante el juez Montiel Salgado, quien no cambió su posición y siguió negando el reintegro.

Sorprendiendo a todo el mundo jurídico, el juez Montiel Salgado, el 12 de diciembre de ese año, profirió una providencia imprimiendo un trámite probatorio; es decir, ofició al juez de garantías que profirió la revocatoria de la medida de aseguramiento para que le explicara lo sucedido, ofició a la Fiscalía para que le remitiera los argumentos utilizados para apoyar la revocatoria y por último le envió comunicación a la juez 50 de conocimiento para que le enviara todas las actuaciones y certificara el estado actual del proceso penal.

No obstante, con dicho decreto de pruebas, Mauricio Espinosa, consideró que el juez en mención, siguió dilatando la solicitud de reintegro. Es importante informar, que la misma situación jurídica y administrativa venía soportando el otro secretario, Edwin Salgado Guerrero, con la diferencia que ya fue reintegrado a su cargo  a un juzgado de Pelayo, donde la titular del mismo solo le bastó la constancia del juez de garantías para acceder a dicho reintegro el pasado 1 de febrero del presente año.

Tutela en el Tribunal de Montería.

Tras el juez Montiel Salgado, seguir dilatando el citado reintegro, Mauricio Espinosa presentó una tutela ante el tribunal Superior de Montería, Sala Civil, tras argumentar violación, entre otros derechos, al debido proceso y al trabajo. En respuesta, el alto tribunal ordenó al juez, el pasado 12 de febrero del presente año, que decidiera sobre el reintegro de Mauricio Espinosa.

Atendiendo el fallo de tutela, el juez Montiel Salgado negó el reintegro, sin tener en cuenta las pruebas ordenadas y argumentó que no lo reintegra porque puede obstruir la investigación, algo que según Espinosa Espinosa, no tiene piso jurídico, debido a que todas las pruebas del proceso ya fueron presentadas por la Fiscalía a la Juez 50 de conocimiento.

Mauricio Espinosa, argumenta que el juez Montiel Salgado, violó el estatuto de Administración de Justicia, el cual dice que en ese tipo de casos, se reintegra al cargo cuando desaparezcan los fines de la medida. ¿Por qué con otros operarios ha funcionado la ley y la jurisprudencia colombiana, y en mi caso no?, “El juez no tiene en cuenta la presunción de inocencia, y está asumiendo un rol que no le corresponde”, subrayó, Espinosa Espinosa.

Lo cierto es que el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, están con los ojos puestos en el comportamiento del mencionado juez, sobre todo ahora que acaba de admitir que nunca notificó a Mauricio Espinosa del acto administrativo donde lo suspendió del cargo.

 

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