Iván Duque o el costoso ensayo de ser presidente.

El Acuerdo al congelador

El 17 de junio de 2018 el presidente electo Iván Duque abrió su discurso de victoria con un propósito: “Voy a entregar todas mis energías por unir nuestro país”. Un año después es buen momento para hacer balances: concluye la primera legislatura y en menos de dos meses se habrá cumplido el primer año de su gobierno.

Es interesante para nacionales y analistas internacionales ver los resultados del primer gobierno del posconflicto colombiano. La negociación de paz con las FARC fue un proceso laborioso, prolongado e imaginativo que aportó una plataforma de transformaciones económicas, sociales y culturales que cualquier otro presidente habría aprovechado como hoja de ruta.

Sin embargo, entre los grandes temas del Acuerdo parece que el único que se ha cumplido es la cesación del conflicto y la entrega de armas por parte de las FARC. Mientras tanto, la reinserción de los excombatientes ha avanzado en medio de enormes dificultades por la acción letal de organizaciones criminales y ante la negligencia cómplice del gobierno.

Los planes que diseñó el Acuerdo final, las agencias que se crearon y los programas que se establecieron han sido objeto del debilitamiento de su financiación o de la privación de su condición prioritaria.

Por ejemplo, cuando por el decreto ley de 2017 se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) estos sorprendieron, de manera positiva, por estar concebidos para que las entidades del Estado se relacionaran con la gente de diversas regiones, así como por la precisión con las que se establecían los destinatarios: 170 municipios que habían sufrido el conflicto.

Las comunidades estuvieron implicadas en su elaboración y, si bien los destinatarios iniciales estaban adscritos a ciertos territorios, durante su desarrollo estos espacios debían ampliarse como elemento importante de la Reforma Rural Integral. Pero hoy se desestiman las propuestas y la acción de las comunidades y los PDET han quedado sometidos a la lógica centralista del Departamento Nacional de Planeación o a los procedimientos burocráticos de uno u otro ministerio.

Si analizamos la legislatura, también encontramos pobreza de resultados. Lo aprobado por el Congreso ha sido la reforma tributaria, el Plan de Desarrollo y la ley de las tecnologías de la información. Pero la plataforma inicial del gobierno había sido muy ambiciosa. En ella figuraba la reforma política, la reforma a la justicia y la modificación a las regalías. Y la iniciativa anticorrupción incorporó un abanico de proyectos de ley que se empantanaron.

Un posconflicto conflictivo

El estancamiento agobia también al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Muchas familias que se acogieron a los programas del PNIS no tienen acceso a los recursos pactados y la amenaza de fumigaciones aéreas estimula los conflictos violentos en las regiones de cultivos de uso ilícito.

No es esperable que el gobierno mueva un dedo para revivir las Circunscripciones Transitorias de Paz que debían llevar a la Cámara de Representantes voceros de la población de dieciséis zonas azotadas por el conflicto. El hundimiento de estas Circunscripciones ha sido uno de los golpes más fuertes contra el Acuerdo de paz. Pero el gobierno lo recibió con enorme satisfacción.

En el panorama del posconflicto hay hechos positivos. El trabajo de la Comisión de la Verdad es uno de ellos. Pero aquí no cabe mérito alguno para Duque o para su vicepresidenta. Ellos han mantenido una ignorancia hostil frente a la Comisión, además de haberle recortado su presupuesto en un cuarenta por ciento.

Esta Comisión resulta muy peculiar si se la compara con organismos similares en otros países del mundo. En Colombia los comisionados (as) se encuentran en las regiones que visitan con gente que les dice: “ustedes vienen a preguntarnos por un conflicto del pasado pero es que nosotros tememos por nuestra vida por el conflicto de ahora”.

Como si fuera poco, en el último mes no han cesado las turbulencias políticas debido a las reacciones del presidente, del senador Uribe, del Centro democrático y del escuálido frente de sus aliados: los conservadores y el extravagante partido religioso Colombia Justa Libres. Estas reacciones se precipitaron con la determinación el 15 de mayo de mantener la garantía de no extradición a Jesús Santrich adoptada por la JEP.

Ese mismo día Duque rechazó en encendida alocución la decisión, lamentó la renuncia de su gran aliado, el fiscal Néstor Humberto Martínez. El 16 de mayo renunció la ministra de Justicia y el procurador apeló la decisión de la JEP. El 17 se produjo la recaptura de Santrich por orden de la Fiscalía. Todo esto demostró que se mantiene intacto el contubernio del Ejecutivo y la Fiscalía contra la paz.

El caso Santrich continuó por cuenta del Consejo de Estado, que declaró que el exguerrillero no perdería su investidura (28 de mayo), y de la Corte Suprema que declaró que Santrich es un aforado y que le corresponde a ella y no a la Fiscalía llevar el caso, al tiempo que declaró la libertad del exguerrillero.

Por su parte, la Corte Constitucional confirmó, contra la absurda aritmética del presidente del Senado Ernesto Macías, que la mayoría de ese cuerpo colegiado había negado las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Duque sufrió así una humillante derrota en su guerra contra el sistema de justicia transicional.

Para rematar, la publicación en el New York Times del 18 de mayo sobre cómo “las ordenes de la letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles” abrió para el gobierno otro frente de controversia. En el artículo, además de describir la directriz sobre contabilidad letal y la baja en exigencias de perfección para ordenar operaciones firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, el autor comparó esta política con el capítulo vergonzoso de los “falsos positivos” llevados a cabo entre 2002 y 2008.

La respuesta correcta debió ser la retirada de la directriz denunciada, como a la postre se hizo, o el perdón que solicitó “a nombre de sus 4000 hombres” el general Diego Luis Villegas por el asesinato del exguerrillero Dimar Torres a manos de un cabo del Ejército Nacional” (un asesinato que había negado el ministro de Defensa).

Pero el gobierno, en vez de prestar atención a la denuncia, lanzó ataques contra el periódico. Esto llevó a que se ampliara el escándalo por la entrada en el debate a favor del NYT de la poderosa agencia de prensa Associated Press y diarios como El País de Madrid.

Las guerras del Ejecutivo, del Centro Democrático y de sus aliados contra el sistema de justicia ordinaria y transicional, contra los medios de comunicación, contra las Naciones Unidas y contra la comunidad internacional que le da oxígeno a la paz, alimentan un peligroso clima de crispación en el país y alientan a los sectores que quieren prolongar el conflicto interno como una modalidad de guerra degradada.

Hay dos elementos que hacen que el actual régimen político busque mantener el equilibrio parado en una zona sísmica. En primer lugar, Duque y quienes lo apoyan actúan como si el presidente hubiera salido elegido en la votación del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y no en la del 17 de junio de 2018.

La morfología política de los dos procesos electorales es diferente y produjo situaciones no homologables. En el plebiscito la participación fue del 36 por ciento del cuerpo electoral y en las presidenciales de 2018 la participación alcanzó el 53,04 por ciento. La diferencia fue de 6.562.539 personas, una cifra superior al total de votantes por el “no”.

Sugerente comparación

El segundo hecho notorio es la fractura que implica un presidente débil con dependencia político-emocional de un caudillo autoritario y avasallante. Ya el país vivió una situación similar. En 1949 Mariano Ospina Pérez estaba en la presidencia y frente a él, o más bien por encima, campeaba Laureano Gómez Castro, dirigente inapelable del Partido Conservador.

Gómez era, como Uribe hoy, una figura turbulenta y carismática para sus seguidores. El Partido Conservador tenía una desventaja electoral que había venido reduciendo desde 1945 mediante el uso de la violencia de “los pájaros” y “chulavitas”, con la participación de la Iglesia, la Policía y el Ejército.

En esas condiciones el Partido Liberal buscó en 1949 adelantar las elecciones. Podía hacerlo porque tenía mayoría en las dos Cámaras y para tal fin presentó un proyecto de ley. El Partido Conservador arguyó que la reforma implicaba un código y no una ley y se requería la aprobación de las dos terceras partes y no por mayoría simple.

En el senado la discusión fue saboteada por el ruido de unos pitos distribuidos por Álvaro Gómez Hurtado. Pero en la Cámara los conservadores no sacaron silbatos sino armas. En la sesión cayó asesinado el representante liberal por Boyacá Gustavo Jiménez y quedó herido el intelectual liberal Jorge Soto del Corral, que murió unos días después.

La Corte Suprema adelantó las elecciones y entonces el debilitado presidente Ospina dio un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1949: clausura del Congreso, censura de prensa, Estado de Sitio. En esas condiciones el Partido Liberal se vio obligado a retirar la candidatura de Darío Echandía y Laureano Gómez fue elegido presidente. En 1949 el número de muertos por la violencia política fue de 18.519 y en 1950 ese número subió a 50.253.

No quiero inducir a análisis tremendistas dado que se trata de situaciones en dos contextos históricos diferentes. Pero sí quiero insistir en que la concurrencia de un presidente débil y un jefe de partido inapelable puede traer consecuencias políticas muy peligrosas.

Tomado de: razónpublica.com

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