Intervención acaba con el hospital San Jerónimo de Montería.

El sanedrín que acompaña al agente especial interventor del hospital San Jerónimo de Montería Omar Alexander Prieto, le cuesta a la ESE una suma cercana a los 500 millones de pesos, cuyos recursos salen de los desnutridos fondos del hospital (categorizado en Alto Riesgo por el Ministerio de Salud)

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Yo no olvido las imágenes denigrantes del EMAD entrando a la fuerza al hospital San Jerónimo de Montería  para acompañar a las personas de la Súper Intendencia Nacional de Salud, durante la intervención forzosa para administrar la ESE. Esto sucedió el pasado 4 de febrero del presente año. “Nos trataron como delincuentes”, me dijo una de las empleadas que laboraba en el área administrativa de la entidad.  Aquel operativo nada tenía que envidiarle (en lo espectacular) a los realizados para destruir campamentos de cocaína.

Entonces para justificar la intervención, los funcionarios de la Supersalud publicaron fotos de unas camillas que estaban fuera de uso (les habían dado de baja), e imágenes de algunos sitios de la infraestructura del hospital que presentaban alto deterioro físico.  En todo caso, para liderar la salvación del hospital, la Supersalud designó a un profesional con gran experiencia y sobre todo “ungido de moral” y dotado de todos los poderes para hacer y deshacer en la ESE.

A diario las enfermeras y contratistas del hospital se quejan del mal trato por parte de los asesores del agente especial interventor, quienes en la mayoría de los casos fueron contratados para desarrollar funciones que ya realizan empleados de planta o contratistas de la ESE.

Me llamó la atención un pago que le hicieron (se hizo), el pasado 22 de febrero del presente año al agente interventor, Omar Alexandre Prieto,  por 35 millones 755 mil 15 pesos, por concepto de viáticos y gastos de viajes el pasado 22 de febrero. La intervención comenzó el 4 de febrero del mismo año, y cuando solo estaba prendiendo motores se gastó esa suma en viáticos.

El sanedrín que acompaña al agente especial interventor del hospital San Jerónimo de Montería Omar Alexander Prieto, le cuesta a la ESE una suma cercana a los 500 millones de pesos, cuyos recursos salen de los desnutridos fondos del hospital (categorizado en Alto Riesgo por el Ministerio de Salud).  Los contratistas de la entidad están indignados porque los honorarios de los asesores de la intervención duplican los de ellos.

Este asunto de interventores autorizando  sueldos extravagantes de asesores en medio de la pobreza no es nuevo en la ESE. En el pasado, la agente especial que fungió como interventora del hospital, delegada por la Supersalud,  Luz Patricia Sánchez Rojas, le firmó en junio de 2016 a una contadora, un contrato por 95 millones 199 mil 982 pesos por 357 días, para apoyar los procesos contables de la entidad.

Además del contrato en mención, la flamante interventora invirtió 130 millones de pesos en asesorías jurídicas, suma bastante exagerada si tenemos en cuenta que la intervención de entonces se motivó por posibles malos manejos y con el propósito de sacar a la institución de una crisis financiera y de servicios. Sánchez Roja fue investigada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la estrategia Bolsillos de Cristal (no conozco el estado del proceso)

Se pasó por la faja la tabla de honorarios del manual de contratación.

El 30 de enero del presente año, la junta directiva del hospital mediante el Acuerdo 001 del 30 de enero del año 2019, determinó la tabla de honorarios del manual de contratación de la ESE.  El Acuerdo lleva la firma del Presidente de la Junta Directiva del hospital, Hernando De La Espriella Burgos, y del entonces gerente, Juan Carlos Cervantes Ruiz: “Por medio del cual se establece la tabla de honorarios para la contratación de los componentes administrativos y asistenciales para la vigencia 2019 de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería”.

Estableció para el nivel asesor, la siguiente formación mínima, “Titulo Profesional y Titulo de Formación en la modalidad de Maestría, con una experiencia laboral mínima de 7 años en adelante y con honorarios mensuales de $4.500.000.También fijo para el nivel asesor, la siguiente opción académica, “Titulo Profesional, y Titulo de Formación en la modalidad de Especialización, con una experiencia laboral  de 5 años y con honorarios mensuales de 4 millones 500 mil pesos.

Es oportuno aclarara que dicho Acuerdo derogó la tabla de honorarios establecida en la Resolución 904 de 2016 y que  para solicitar próxima aprobación de la tabla de honorarios el gerente de la ESE debe presentar informe sobre la contratación realizada y la austeridad en los costos y gastos derivados del funcionamiento de la institución.

Entre los contratos otorgados por el agente especial interventor a su grupo de asesores, se destaca el 515, a nombre de Erika Herrera, cuyo objeto es “Asesorar el Área de Cartera y Mercadeo…” por valor de $35.600.000 para ejecutarlo en 4 meses. Es decir que la profesional tiene un ingreso promedio mensual de 8 millones 900 mil pesos.  También está el 513 a nombre de José Fernando Gómez, “Asesor Área de Cartera, Mercadeo y Trabajo Social”, para ejecutarlo en 3 meses por valor de $32.700.000. El ingreso promedio mensual del contratista es de 10 millones 900 mil pesos.

Con estos contratos y otros del grupo de asesores, el interventor del hospital violó el Estatuto de Contratación, al no tener en cuenta la tabla de honorarios fijada en el Acuerdo 001 del 2019.Violar el Estatuto de Contratación, según los expertos, se considera falta disciplinaria gravísima y amerita suspensión inmediata y destitución.  Sin temor a equivocarme, hay un ostensible e injustificado aumento de los montos de los contratistas que apoyan la intervención.

Despidos irregulares.

Oro asunto que está en el foco de la opinión pública en Montería,  tiene que ver con el caso de dos médicos que habían sido nombrados en provisionalidad en el hospital y que fueron declarados insubsistentes por parte del agente interventor, amparados en una calificación ficticia (motivación de insubsistencia falsamente motivada).  Expertos en derecho laboral sostienen que los funcionarios en provisionalidad, por norma no pueden ser evaluados (su nombre lo dice, son provisionales).

Por norma el periodo de prueba aplica para funcionarios de carera administrativa, es decir quienes participan en un concurso de méritos  y se ganan un examen. El agente interventor mal interpretó la norma a su acomodo y evaluó a funcionarios en provisionalidad, cuando la norma tácitamente no lo permite.  

Estos mismos casos de insubsistencias falsamente motivadas se han presentado en otras entidades públicas, como gobernaciones y alcaldías, y al final un juzgado termina restituyéndoles el derecho a los funcionarios, con el correspondiente detrimento patrimonial para la entidad que los despidió.

Yo no olvido las imágenes del ESMAD entrando al hospital San Jerónimo de Montería. Ahora espero (sin tanto show) que entre la Procuraduría.  

 

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