En Auto del Consejo de Estado se reconoce que Representante a la Cámara Abel David Jaramillo Largo resultó electo estando inhabilitado.

Foto: La patria

 

La corporación admitió demanda de nulidad electoral contra la elección del citado Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena.  

El Consejo de Estado deberá establecer  si la inhabilidad ocurre al momento de la elección o si únicamente para la posesión, y si la misma desaparece con el pago sin importar si este es posterior a la elección, pero anterior a la posesión.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, actuando como consejera ponente, Rocio Araujo Oñate,  expidió Auto mediante el cual admitió demanda de nulidad electoral contra la elección de Abel David Jaramillo Largo, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial Indígena para el periodo constitucional 2018-2022. Asimismo negó la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, mientras se estudia de fondo la demanda.

 Los hechos.

El Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, inscribió el 6 de diciembre de 2017 su lista de candidatos por la circunscripción especial indígena, regida por el voto preferente, integrada por Uriana Guariyu, Juvenal Arrieta González y Abel David Jaramillo Largo. Es oportuno informar que   Jaramillo Largo presentaba inhabilidad especial para ejercer el cargo de Representante a la Cámara, desde el 14 de febrero de 2018 hasta el 13 de marzo de 2023, de acuerdo a certificado de la Procuraduría General de la Nación a través del certificado especial de antecedentes disciplinarios número 108975695.

En el citado certificado se lee que el demandado no podía contratar con el Estado ni desempeñar cargos públicos de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. La sanción tuvo como fundamento que el demandado fue hallado responsable fiscalmente mediante auto 580 del 27 de septiembre, proferido por la gerencia departamental colegiada de Caldas de la Contraloría General de la República en cuantía de $138.290.538, como consecuencia de las deficiencias en la ejecución de un contrato de obra de aulas escolares.

La sanción fue confirmada a través del Auto Número 632 del 7 de noviembre de 2017, en el que la misma autoridad negó el recurso de reposición incoado. Mediante Auto de 129 del 7 de febrero de 2018, la Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República dejó e firme el Auto 580 del 27 de septiembre de 2017 manteniendo la sanción.

Pagó después de haber resultado electo.

Mediante Auto No. 11 del 6 de junio de 2018, la Directora de la Gerencia Departamental Colegiada de Caldas de la Contraloría General de la República archivó el proceso de cobro coactivo en favor del señor Abel David Jaramillo Largo, al pagar el 31 de mayo de 2018 la suma de $138.290.538.90 para saldar el daño causado con su actuación como alcalde del municipio de Riosucio, mientras los intereses que ascendieron a $ 4.894.409.48 fueron saldados por otro de los sancionados en su condición de deudor solidario el 5 de junio de 2018. Lo anterior evidencia y refirma que Jaramillo Largo resultó electo el pasado 11 de marzo de 2018 estando inhabilitado.

Como consecuencia del pago, mediante Resolución No. 120 del 12 de junio de 2018, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva excluyó a todos los sancionados fiscalmente del boletín de responsables fiscales.

Contexto.

En el Auto el Consejo de Estado señala, “Es claro que el demandado al momento de su inscripción no contaba con antecedentes, pero al de su elección (11 de marzo de 2018), obraba en su contra inhabilidad especial para el desempeño del cargo de Representante a la Cámara por haber resultado responsable fiscalmente; situación que previo a su posesión fue resarcida y por ende a  este último momento no recaía en él casual alguna de inelegibilidad”.

El Consejo de Estado concluye sobre el tema, “Ahora bien, persisten los interrogantes planteados por la parte demandada en su escrito de traslado de la medida cautelar y de la Agente del Ministerio Público, en los cuales señala  que no es claro: i) si dicho precepto normativo aplica para los congresistas y, ii) si la inhabilidad se configura al momento de la elección o de la posesión. Para dilucidar los anteriores interrogantes se acudirá a la jurisprudencia de la Sección Quinta conforme lo solicitó la parte actora en su escrito de media cautelar”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, en esta instancia del proceso no es posible determinar si el acto enjuiciado desconoce lo normado en el Código Disciplinario Único, en cuanto a si la inhabilidad que  allí se establece ocurre al momento de la elección o si únicamente para la posesión, y si la misma desaparece con el pago sin importar si este es posterior a la elección, pero anterior a la posesión”.

 

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