Corrupción y pena de muerte

Marcela AnzolaEl remedio que propone el Contralor puede sonar eficaz, pero en efecto es la versión extrema de una estrategia que no sirve: la de hacer cambios legales cuya eficacia nadie ha demostrado, que el Estado no puede hacer cumplir y que de hecho agravan el problema.

Marcela Anzola*

Una propuesta polémica

La propuesta del Contralor Edgardo Maya de revivir un Decreto de Simón Bolívar que castigaba con pena de muerte a quienes cometieran delitos  en contra del erario, refleja un sentimiento generalizado sobre la necesidad de una lucha más efectiva contra de la corrupción.

Dijo Maya que “los corruptos son los causantes de todas las tragedias que sufre nuestro país”. Y aunque la frase puede ser discutible, nadie duda de que la corrupción es un flagelo en Colombia. Los actuales candidatos presidenciales -sin excepción- se han pronunciado sobre este tema, y reiteraron sus respectivas opiniones en un foro organizado por la Universidad del Rosario, El Tiempo y la Fundación Konrad Adenauer.  Todos coincidieron en la necesidad de luchar contra la corrupción, pero ninguno propuso reinstaurar la pena de muerte.

Posiciones como la del contralor son bastante comunes en países con altos índices de corrupción, como son México, Filipinas o Nigeria. En estos países una parte de la población y algunos políticos están a favor de la pena de muerte para los delitos de corrupción, argumentando que este castigo tendría un gran efecto disuasivo sobre otros funcionarios o ciudadanos.

Hasta ahora no se ha podido demostrar el efecto disuasivo de penas más fuertes para los casos de corrupción.

Solo existen diez países donde la pena de muerte está vigente para delitos asociados con la corrupción, como son el soborno, el prevaricato, o el abuso de autoridad: China, Corea del Norte, Iraq, Irán, Indonesia, Tailandia, Laos, Vietnam, Myanmar y Marruecos.

Sin embargo algunos de éstos países no han aplicado la pena de muerte en el pasado reciente. Por ejemplo en Marruecos la última ejecución se llevó a cabo en 1993, en el caso de un Comisario de la Policía -Mohamed Tabet-, que había sido condenado por cargos múltipes.

China es quizá donde han sido ejecutados más funcionarios públicos por delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas, o por haber recibido sobornos. Uno de los casos más destacados fue la condena de Xu Maiyong, ex vice alcalde de la ciudad de Hangzhou, y de Jiang Renjie, vice alcalde de la ciudad de Suzhou en 2011. Los funcionarios fueron encontrados culpables de soborno y sentenciados a muerte.

La pena de muerte es una violación de los derechos humanos, y como tal está prohibida tanto por   Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 44/18 de 1989) como por la OEA (Protocolo A-53 a la Convención sobre Derechos Humanos). De hecho – y de manera, digamos, desconcertante – el propio Edgardo Maya afirmó que “hoy se puede revivir el decreto de Bolívar a pesar de que los liberales, como yo, somos abiertamente enemigos de la pena capital”.

Pero dejando de lado este asunto, son varias las razones para dudar de la eficacia de la pena de muerte para disminuir la corrupción:

1. No hay evidencia empírica.

Existen numerosos estudios sobre el fenómeno de la corrupción y sobre las maneras de combatirlo, pero hasta ahora no se ha demostrado el efecto disuasivo que tendrían las penas más severas, especialmente en países con muy altos niveles de corrupción.

No existen datos concretos sobre los casos de corrupción, y es muy difícil saber el impacto de una medida como la pena de muerte sobre este tipo de conductas. Además, aquellos países que históricamente han tenido menores índices de corrupción no contemplan la pena de muerte entre  sus herramientas legales.

Un caso paradigmático es el de Singapur, uno de los diez países del mundo con menor índice de corrupción y donde las penas son las siguientes:

  • El Estatuto para Prevenir la Corrupción establece multas, penas privativas de libertad, o ambas por delitos que incluyen el soborno de funcionarios públicos por parte de extranjeros y el soborno de funcionarios públicos extranjeros por un ciudadano de Singapur en el extranjero.

Estos actos se castigan con una multa no superior a los cien mil dólares o con pena de cárcel por un tiempo no superior a cinco años. Cuando el delito implique un contrato con el gobierno o el soborno de un diputado, la pena puede extenderse por siete años.

  • Según el Código Penal, el soborno se castiga con una multa y una pena privativa de libertad de hasta tres años.
  • Si una persona o empresa es declarada culpable de un “delito grave” (que incluye el soborno), el Tribunal tiene el poder de confiscar los beneficios derivados de dicha conducta.

2. La impunidad diluye el efecto disuasivo de la pena

En países donde la corrupción es general, aplicar la norma es muy difícil. Si la policía es corrupta y la rama judicial también, difícilmente habrá condena, y por tanto la sanción se torna en letra muerta.

¿Cuántos casos de presunta corrupción han quedado sin resolver, simplemente porque las pruebas no se acotaron debidamente, porque se vencieron los términos, o porque los implicados estaban en libertad y escaparon de la justicia?

Si la policía es corrupta y la rama judicial también, difícilmente habrá condena, y por tanto la sanción será letra muerta.

Cuando se buscan o proponen fórmulas para combatir la corrupción es frecuente olvidar que ésta tiende a ser habitual entre las personas supuestamente encargadas de combatirla, es decir, los que ejercen el poder público. Si ellos no son transparentes, cualquier medida se torna inocua.

Baste aquí con recordar el ejemplo del director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Luis Gustavo Moreno, que está siendo juzgado por corrupción y cuya extradición ha sido solicitada por la Corte Federal para el Distrito Sur de La Florida por el delito de “conspiración para lavar activos con el objetivo de promover el soborno y la corrupción en Colombia”.

Así volvemos al clásico dilema de quién vigila a los guardianes. Por eso muchos países han creado agencias anticorrupción independientes, que en algunos pocos casos han tenido cierto éxito.

Luchar contra la corrupción es caer en el problema de si es primero el huevo o la gallina.  Mientras no existan mecanismos transparentes para hacer cumplir las leyes, estas no tendrán efecto disuasivo, y la corrupción se exacerbará. De hecho en los países con altos índices de corrupción es de temer que la pena de muerte o la cadena perpetua para estos delitos se utilicen con fines políticos, lo cual agrava el problema.

3. Los límites de la ley.

La expedición de leyes para combatir la corrupción es un mecanismo necesario pero no suficiente.

La falta de capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes hace de la lucha contra la corrupción una lucha débil.

La falta de capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes hace que este mecanismo no tenga mucha eficacia. Como dijo Vargas Lleras en el foro convocado por El Tiempo “lo que nos ha faltado es capacidad para aplicar la ley”.”

La incapacidad para hacer cumplir la ley puede obedecer a dos tipos de razones:

-Las que provienen del Estado, como decir su captura por parte de los corruptos, o la falta de recursos humanos y financieros para vigilar las entidades oficiales y adelantar las respectivas investigaciones en caso de irregularidades.

-Las que provienen de la ley y que pueden ser aún más espinosas. Con demasiada frecuencia, la propia ley crea unas reglas de juego que dan pie a que ciertas conductas antiéticas (vale decir, corruptas) resulten ser permitidas por la ley. Un ejemplo notable es la declaración del presidente Trump, cuando al ser acusado de no pagar impuestos, respondió que simplemente estaba utilizando las figuras contables que más le convenían bajo la legislación tributaria.

Buena parte de las acciones corruptas o contrarias a la ética se llevan a cabo dentro del marco de la ley, lo cual hace que sea imposible sancionarlas. Ese es precisamente el peligro de la llamada “cultura de la legalidad”, uno de los principales caballos de batalla del discurso anti-corrupción.

Por tanto, ya es hora de aceptar que la corrupción es un tema complejo y que las medidas para combatirla deben trascender las fórmulas tradicionales, es decir, debemos dar paso a mecanismos innovadores que permitan cubrir todas las aristas del fenómeno.

*Phd, LL.M., Lic.oec.int., abogada. Se desempeña como consultora independiente en las áreas de competitividad, comercio internacional e inversión extranjera.

Tomado de: razonpublica.com

 

 

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