Contraloría de Córdoba trasladó a Fiscalía hallazgos penales encontrados en auditoría al HSJM, con presunta responsabilidad de Isaura Hernández.

Se observa claramente la ejecución de contratos sin el lleno de sus requisitos legales, situación que es tipificada como una conducta de carácter penal de conformidad con el artículo 410 de la ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano.

El pasado 30 de enero del presente año, la Contraloría General del Departamento de Córdoba realizó Auditoría Integral Modalidad Especial a la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, donde identificó  y configuró entre varios hallazgos, uno de tipo penal, relacionado con la “Inconsistencia en el Proceso Contractual”, el cual fue trasladado a la Dirección Seccional de la Fiscalía Córdoba.

Este es el informe de la Contraloría de Córdoba:

Hallazgo N° 6. Inconsistencias en el Proceso Contractual.

El grupo auditor realizó un análisis de las actuaciones administrativas realizadas por la doctora: Isaura Hernández Pretelt, logrando evidenciar que suscribió el día primero de enero de 2019. 497 contratos que ascendieron a la suma de $19.261.023.496, conforme a la relación anexada por el asesor jurídico de la ESE Hospital San Jerónimo de Montería, Dr. Carlos Mogollón. La cual hace parte integral del presente informe.

Los 497 contratos, que ascienden a la suma de $19.261.023.496 y demás documentos de la etapa pre contractual, tales como: Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal, Certificados de Disponibilidad Presupuestal, estudios previos, actas de inicio, envío, recibo y actas de aceptación de propuestas, revisión de las hojas de vida de los contratistas, certificaciones de idoneidad, entre otro, presentan fecha de elaboración del primero de enero de 2019, día no hábil, actuaciones administrativas, que materialmente teniendo en cuenta el personal con que cuenta la E.S.E en la parte administrativa en el área de contratación, era insuficiente para realizar esta labor en solo un día, adicionalmente la E.S.E, no aportó al grupo auditor evidencias de modificación de la jornada laboral que justificara la asistencia del personal administrativo (involucrado en las etapas pre y contractual) de la E.S.E. para que laborara el primero de enero de la presente anualidad.

Además de lo anterior, los procesos contractuales carecen de la expedición del registro presupuestal, como consta en la certificación de enero ocho de 2019, expedida por el Dr. JUAN CARLOS POSADA GUERRA, Profesional universitario de la ESE con función presupuesto, certificación esta que se anexa como parte Integral de este informe. Considerando que el registro presupuestal es un requisito de ejecución para los contratos estatales, es decir, no se pueden iniciar la ejecución de los contratos sin la expedición y firma del registro presupuestal, teniendo en cuenta que el registro presupuestal compromete en forma definitiva el presupuesto en los términos del artículo 21 del decreto 115 de 1.996, ‘Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de la Dirección General de Crédito Público para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la autorización para comprometer vigencias futuras por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, o quien éste delegue. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen.”

De otro lado se logró evidenciar que conforme a lo establecido en los artículos 32 y 42 del Estatuto Contractual vigente, la entidad estableció la constitución de garantías para contratos cuyo valor sea inferior a 50 smlmv, es decir para los contratos que superaran el valor de 41.405.789, aplicable para la vigencia 2019; conforme a la contratación suscrita se tiene que para la vigencia 2019, se suscribieron 121 contratos, equivalentes al 24 % del total contratado, por valor de $12.282.117.496 (equivale al 64 % del total contratado) , que superan la cuantía para la suscripción de garantías, de los cuales cinco corresponden al área administrativa y 116 al área misional, los cuales carecen de garantías contractuales, lo anterior se soporta en la muestra allegada a la entidad de copia autentica de los procesos contractuales requeridos en desarrollo del proceso auditor.

No obstante a lo anterior, en los estudios previos y minutas contractuales se estipuló la suscripción de garantías, sin embargo, se evidenció que los contratistas dieron inicio a la ejecución de contratos sin la suscripción de estas, es decir, la entidad puso en riesgo el cumplimiento de los objetos contractuales y no protegió el patrimonio del estado.

La actuación anterior contraviene lo estipulado en la Resolución N° 5185 de 2013, artículo 11 “Fase de Contratación. Corresponde al período comprendido entre la suscripción del contrato y la publicación en el SECOP, pasando por la obtención del registro presupuestal y la aprobación de las garantías si las hay. En el estatuto de contratación se deberán definir las garantías que deberá solicitar la Empresa Social del Estado de acuerdo con la modalidad, naturaleza, objeto, riesgos y cuantía del contrato, con ocasión de la presentación de las ofertas, los contratos y su liquidación y los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad”.

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se ocasionó por la inadecuada e incorrecta planeación e inversión de recursos públicos, incumplimiento de los principios de economía y responsabilidad, así mismo, se observa claramente la ejecución de contratos sin el lleno de sus requisitos legales, situación que es tipificada como una conducta de carácter penal de conformidad con el artículo 410 de la ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano.

Este hallazgo se configura como administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal. Presunta Responsable: Isaura Margarita Hernández Pretelt.

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