Confianza legitima, “derechos adquiridos” y planes de ordenamiento territorial.

 

Por: Javier De La Hoz

josedelahoz@lawyersenterprise.com

La confianza legitima es un PRINCIPIO, si, con mayúsculas un PRINCIPIO, y lo hago con mayúsculas porque algunos se les olvida la importancia de los principios en la aplicación de las normas, este principio es nada mas y nada menos que la materialización de la seguridad jurídica (otro PRINCIPIO) de las relaciones entre el estado y los ciudadanos, es una consecuencia lógica del PRINCIPIO de buena fe, su importancia no admite discusión, la aplicación practica de este postulado mas frecuente es la prohibición al estado de alterar en forma imprevista o súbita sus relaciones con los particulares sin otorgar un periodo de transición, en resumen la confianza legitima es producto de actuaciones recurrentes del estado a favor de un particular.

En materia de ordenamiento territorial muchos se refieren a las situaciones jurídicas consolidadas como “derechos adquiridos” , resulta mas adecuado según la jurisprudencia y doctrina usar el primer termino  y aunque parezca una diferenciación caprichosa no es así, según lo enseña la Corte Constitucional en su jurisprudencia la figura de los derechos adquiridos por ejemplo en materia tributaria no existe por cuanto la dinámica propia del estado obliga al legislador a modificar las normas  en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general. (En este sentido se puede ver la sentencia C- 192 del 2016).

En ese orden de ideas según la misma jurisprudencia constitucional en materia de ordenamiento del territorio y asignación de usos de suelo no puede hablarse de derechos adquiridos frente a las regulaciones que hacen los Planes de Ordenamiento Territorial, esto desde una perspectiva constitucional; es decir, los derechos de los particulares no son desconocidos si sobre los bienes de su propiedad se imponen limitaciones, restricciones, cargas o modificaciones, o incluso se disponga la expropiación, no obstante se debe tener siempre presente que este tipo de actuaciones habilitan al particular para exigir la reparación integral cuando se cumplan los requisitos de existencia del daño antijurídico, razón por la cual se debe ser sumamente cuidadoso al momento de modificar usos o afectar inmuebles con cargas o restricciones urbanísticas, la actuación puede que sea legal, pero genera la obligación de reparar al particular.

Las anteriores afirmaciones se fundamentan en que las facultades de las autoridades para intervenir en situaciones jurídicas en materia de ordenamiento del territorio encuentran su asidero  en la función social y ecológica de la propiedad la cual implica obligaciones y que debe ser entendida no solo  como un instrumento de realización personal o familiar, sino también como un medio para satisfacer intereses de la comunidad.

En consecuencia el derecho a la propiedad hoy día no puede seguir siendo entendido bajo los parámetros del Código Civil, se debe interpretar el mismo desde una perspectiva constitucional, sin que esto pueda llevar a un ejercicio abusivo de las autoridades en materia de asignación de usos del suelo, nunca por ninguna circunstancia se puede perder de vista que las restricciones, cargas o afectaciones  impuestas a la propiedad privada muy probablemente conllevaran a la reparación integral del daño causado muy a pesar de que la actuación sea legal.

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