Choque de trenes en Córdoba.

 

En su “rimbombancia mediática” habitual, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Edwin Besaile Fayad y Alejandro Lyons Muskus, en su condición de gobernadores de Córdoba, y a Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja Alemán, secretarios de Salud, por hechos relacionados con las órdenes de pago de cerca de $5.000 millones a Funtierra Rehabilitación IPS, sin que existiera contrato con el departamento para la realización de terapias de neurorehabilitación.

Sin embargo, el hecho extraño es que la semana pasada, en la ciudad de Montería, Juan Carlos Cortés, viceprocurador general, exigió a la Gobernación el pago de terapias a Funtierra Rehabilitación IPS. Con la arrogancia característica de un funcionario de este ente de control, decretó, casi gritando, que la Gobernación debería, “lo más pronto posible”, hacer los pagos a la IPS de la que la Tania Otero, es su representante legal.

Los hechos narran que hace algún tiempo, la cuestionada IPS, Funtierra Rehabilitación, denunció ante la Procuraduría a Edwin Besaile, por no cancelar unas terapias presuntamente realizadas. Pero acá le recordamos al viceprocurador Cortés que ignora que Funtierra Rehabilitación IPS, es señalada como una de las principales entidades inmersas en el escándalo del “cartel de las terapias”.

También olvida el viceprocurador que la Contraloría puso la lupa en este cartel en el año 2017. Abriendo procesos de responsabilidad contra Tania Otero Arroyo, representante legal de la IPS, por irregularidades en el cobro de las terapias. La entidad encabezada por Maya Villazón, también advirtió que se realizaron 8.000 terapias que se cobraron y no se hicieron.

Es preciso recordarle al viceprocurador Cortés que la Fiscalía también metió mano en el asunto y adelanta serias investigaciones en contra de Funtierra Rehabilitación IPS, por las irregularidades en el cobro de las terapias. En los últimos tres meses de 2017, es conocido que una comisión el ente acusador buscó toda la información desde 2015 por los servicios prestados por esta IPS, por lo que se está en la etapa de investigación para iniciar un proceso penal contra los causantes de este nuevo detrimento patrimonial contra el departamento de Córdoba.

Por último, causa duda la actuación del viceprocurador Cortés que va en contra de las investigaciones que vienen haciendo la Fiscalía y la Contraloría, al exigir el pago inmediato de estas cuentas a la discutida IPS.  Se conoce en el departamento de Córdoba que la Contraloría le compulsó copias del resultado de la investigación a la Fiscalía y a la Procuraduría. Por lo que no se entiende que el organismo que dirige Fernando Carrillo investigue a la gobernación porque no le pagó cuentas a Funtierra Rehabilitación IPS.

A esta situación se suma que para fue la Contraloría y no la Procuraduría, la que en su investigación constató que se le pagaron a Funtierra Rehabilitación IPS, cerca de $6.000 millones.

Según la Contraloría se revisaron los papeles para tramitar esos pagos y no se encontraron estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y los precios pagados. Tampoco se encontró soporte o documento en que conste que medió una relación contractual.

Así pues, la actuación del viceprocurador y de la Procuraduría en este nuevo “Cartel de las terapias” en Córdoba, deja más dudas que aciertos, al llegar con su poder acusador a exigir que se paguen unas facturas que están en entredicho tanto para la opinión pública, como para la Contraloría y la Fiscalía.

Tomado de: elfolio.co

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